El Congreso de la República otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final sobre un total de nueve denuncias constitucionales. Esta decisión se tomó en cumplimiento del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el cual establece el procedimiento de acusación constitucional.
De las denuncias que serán investigadas, destacan las que involucran a figuras políticas de alto perfil, como el expresidente Pedro Castillo y el exministro José Pedro Castillo Terrones, entre otros. Las denuncias incluyen acusaciones de infracciones a varios artículos de la Constitución Política del Perú, así como delitos relacionados con la administración pública, como tráfico de influencias y cohecho.
Las denuncias constitucionales que entrarán en el proceso de investigación son las siguientes:
- Denuncia Constitucional nro. 302, presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros contra Pedro Castillo y Rosendo Leoncio Serna Román, exministro de Educación.
- Denuncia Constitucional nro. 304, interpuesta por el congresista Edward Málaga Trillo contra Pedro Castillo.
- Denuncia Constitucional nro. 491, presentada por la fiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela contra Félix Inocente Chero Medina y Henry José Ávila Herrera.
- Denuncia Constitucional nro. 484, presentada por el exfiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana contra el excongresista César Augusto Combina Salvatierra.
- Denuncia Constitucional nro. 529, presentada por el ciudadano Manuel Federico Loyola Florián contra varios exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
- Denuncia Constitucional nro. 537, interpuesta por la fiscal Delia Espinoza contra Víctor Lucas Ticona Postigo, exjuez supremo y expresidente del JNE.
La Comisión Permanente aprobó la decisión con una mayoría de votos a favor, y los plazos establecidos aseguran que las investigaciones se realicen de manera eficiente y dentro del marco legal.
Este procedimiento busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en casos de posibles violaciones constitucionales, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
