El Congreso de la República otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y elaborar su informe final respecto a las denuncias constitucionales N.° 533, 589 y 598, presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra. La decisión se tomó por unanimidad de 20 votos en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que regula el procedimiento de acusación constitucional.
Las imputaciones que pesan sobre Boluarte se relacionan con la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal. Según el informe de calificación, las denuncias se fundamentan en que la exmandataria habría sido sometida a operaciones quirúrgicas en junio de 2023, lo que habría impedido el ejercicio pleno de sus funciones hasta el 10 de julio de ese año.
Acumulación de denuncias
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, propuso la acumulación de las denuncias N.° 533, 589 y 598 en el extremo que imputan a Boluarte por su condición de expresidenta, considerando la conexidad entre los hechos, la materia y las partes involucradas. En el extremo declarado improcedente, las denuncias fueron archivadas.
Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque Ibarra, Margot Palacios Huamán y Carlos Zeballos Madariaga, así como por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, buscando que se determine la responsabilidad constitucional de la expresidenta.
Plazo de investigación y próximo informe
Con el plazo otorgado, la Subcomisión deberá concluir la investigación y presentar su informe final en un máximo de 15 días hábiles, estableciendo si existen fundamentos suficientes para recomendar la acusación constitucional contra Boluarte. Este proceso permitirá al Congreso determinar si procede alguna sanción o medida en el marco legal vigente.
El debate sobre la responsabilidad de la expresidenta se enmarca en un contexto político sensible, dado que las denuncias constituyen uno de los mecanismos de control sobre altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. El resultado de este informe tendrá repercusiones directas sobre la estabilidad política y el proceso de fiscalización parlamentaria.
Archivo de otras denuncias constitucionales
Paralelamente, la Comisión Permanente archivó por unanimidad otras denuncias constitucionales. Con 21 votos a favor, se decidió el archivo de la denuncia N.° 29 (antes 332) presentada por Rafael Abel Espinoza Calderón contra los exjueces supremos Ana María Aranda Rodríguez y Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. La decisión se sustentó en la prescripción ordinaria de los delitos imputados, al haberse superado el plazo legal para su sanción.
Asimismo, se archivó la denuncia N.° 387 presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular, por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El informe final concluyó que no se acreditó la comisión de los hechos denunciados mediante medios de convicción suficientes.
Contexto y relevancia del proceso
La evaluación de denuncias constitucionales es un mecanismo clave del Congreso de la República para garantizar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado y preservar la integridad del sistema democrático. Este proceso permite determinar si los actos de la expresidenta constituyen faltas graves que ameriten sanción conforme al Código Penal y al Reglamento del Congreso.
El seguimiento de estas denuncias también refleja la importancia de la fiscalización política en momentos de tensión institucional, en los que el Parlamento debe garantizar transparencia y control sobre la administración pública, evitando arbitrariedades y asegurando que los responsables rindan cuentas ante la ciudadanía.
Próximos pasos
Durante los próximos días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales trabajará en la revisión exhaustiva de los antecedentes, la recopilación de pruebas y la preparación del informe final sobre las denuncias presentadas contra Dina Boluarte. Una vez concluido, el documento será sometido a debate en el Pleno, donde los congresistas decidirán si se aprueba la acusación constitucional o si, por el contrario, se archiva definitivamente.
Este procedimiento marca un nuevo capítulo en la fiscalización de expresidentes en el Perú, con un enfoque en la responsabilidad, el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses públicos.