El Congreso vuelve a poner el foco en el ámbito digital. Esta vez, con un proyecto que pretende enfrentar un fenómeno cada vez más determinante en las campañas: la manipulación electoral mediante bots, cuentas falsas y granjas digitales. La propuesta, presentada por el congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista), apunta a penalizar severamente el uso de sistemas automatizados para alterar la percepción pública y afectar la voluntad popular.
El Proyecto de Ley N.° 13404/2025-CR plantea la creación de nuevos delitos en el Código Penal, orientados específicamente a sancionar la interferencia digital en procesos electorales. La iniciativa llega en pleno contexto preelectoral, cuando el país se prepara para las Elecciones Generales 2026 y los organismos públicos han advertido sobre el incremento de operaciones coordinadas en redes sociales.
¿Qué castigará la nueva “ley anti bots electorales”?
El proyecto propone incorporar los artículos 359-D, 359-E y 359-F al Código Penal. En ellos se establece que la manipulación electoral mediante sistemas automatizados será sancionada con penas de 4 a 8 años de prisión, además de inhabilitación y multas de 120 a 300 días.
¿En qué casos aplicaría esta pena? El texto señala varios supuestos, entre ellos:
- Simular apoyo ciudadano masivo a un candidato o partido político.
- Difundir mensajes automatizados positivos o negativos para influir en la opinión pública.
- Manipular artificialmente tendencias, hashtags o métricas de interacción.
- Ocultar la naturaleza automatizada del contenido, haciéndolo pasar como participación auténtica.
El proyecto destaca que estas prácticas alteran el voto informado y “distorsionan el proceso democrático”. La pregunta central que plantea la iniciativa es clara: ¿cómo garantizar elecciones limpias cuando miles de perfiles falsos pueden cambiar la conversación política en minutos?
Penas más severas si hay impacto electoral o participación del Estado
La propuesta también incorpora agravantes. Las penas se elevarían a 6 a 10 años de prisión, más inhabilitación de 10 años y multas más altas, si ocurre alguna de estas circunstancias:
- El agente es candidato, funcionario público o miembro de un organismo electoral.
- La manipulación influye directamente en el resultado electoral.
- El acto recibe financiamiento nacional o internacional.
- Se emplean perfiles falsos, suplantación de identidad o robo de datos.
- La operación se realiza desde el Estado o durante horario laboral con recursos públicos.
- Existe reincidencia.
El texto advierte que estas modalidades representan un riesgo serio para la transparencia electoral y para la confianza ciudadana en las instituciones.
Candidatos y dirigentes políticos también serían sancionados
Uno de los puntos más controversiales es la incorporación del artículo 359-E, sobre responsabilidad de candidatos y dirigentes políticos.
Si un aspirante o líder partidario ordena, consiente o financia el uso de bots para manipular el proceso electoral, enfrentaría penas de 3 a 6 años de cárcel.
Además, si la persona logró ocupar un cargo como consecuencia de estas prácticas, sería sancionada con 5 a 8 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas y pérdida inmediata del cargo.
El proyecto también prevé sanciones para quienes, desde el sector privado, operan estas redes digitales: consultores políticos, community managers, empresas de marketing electoral o intermediarios digitales. A ellos se les impondría penas de 2 a 5 años, que subirían a 4 a 7 en caso de reincidencia.
¿Afecta a la libertad de expresión?
Ante posibles críticas, la propuesta aclara que la ley no restringe la participación ciudadana real en redes sociales. Tampoco limita la libertad de expresión, el debate político ni el derecho de la ciudadanía a opinar, criticar o hacer campaña.
Según el congresista Dávila, el objetivo no es regular el contenido, sino la “actividad coordinada, sistemática y automatizada destinada a manipular elecciones”. La iniciativa remarca que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será la entidad responsable de fiscalizar la propaganda digital y detectar operaciones automatizadas.
Un debate que recién empieza
El proyecto aún debe ser evaluado en comisiones, donde seguramente se abrirá un debate sobre su alcance, instrumentos de fiscalización y compatibilidad con la legislación vigente en materia de libertad digital.
Para algunos especialistas, el país necesita una regulación que permita enfrentar la desinformación organizada y las campañas encubiertas en redes sociales. Para otros, el riesgo está en que la norma pueda ser usada políticamente para perseguir adversarios o limitar la crítica legítima.
Mientras tanto, el avance tecnológico sigue abriendo nuevas preguntas: ¿está preparado el sistema electoral peruano para enfrentar campañas digitales cada vez más sofisticadas? ¿Qué mecanismos garantizarán que estas investigaciones sean objetivas y verificables?
Lo cierto es que el Congreso ha puesto sobre la mesa una discusión urgente en tiempos donde la conversación pública —y el voto ciudadano— se disputa, en gran parte, en el terreno digital.