Un resultado que sorprendió al Pleno
El intento del Congreso por imponer una inhabilitación de 10 años al expresidente Pedro Castillo terminó sin éxito este miércoles, luego de que el Pleno no alcanzara los votos necesarios para aprobar el informe final elaborado por la Comisión Permanente. Pese a tratarse de uno de los procesos más mediáticos de los últimos meses, la votación evidenció una fractura entre las bancadas: solo se obtuvieron 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, un resultado que dejó sin efecto la sanción propuesta.
El informe acusaba al exmandatario de infracción constitucional, vinculada al fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, aquel mensaje televisado en el que anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. La iniciativa buscaba retirarlo del ejercicio de la función pública por una década, una medida que reforzaría su situación judicial mientras cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo.
Aunque se preveía un respaldo mayoritario, el desenlace mostró que no todas las fuerzas políticas estaban dispuestas a convalidar una nueva sanción contra el exjefe de Estado, especialmente ante cuestionamientos sobre la validez del procedimiento.
Castillo interviene desde prisión y acusa complot
Antes de la votación, el Parlamento escuchó la intervención de Pedro Castillo, quien participó de manera remota desde Barbadillo. El exmandatario rechazó de forma tajante la acusación y lanzó duras críticas contra el Congreso.
“El pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron. Me están juzgando por defender al Perú profundo”, afirmó durante una transmisión que generó reacciones divididas entre los legisladores. Castillo sostuvo que lo acusan por no someterse a la élite económica y afirmó que su gobierno fue blanco de presiones y ataques políticos. “No me arrodillé ante la élite que ha manejado el país como su hacienda”, expresó en un tono desafiante.
El expresidente insistió en que el proceso parlamentario constituye una “aberración jurídica” y que su salida del poder no obedeció a un procedimiento justo. “Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo”, añadió, apelando a su narrativa de representación del “Perú profundo”.
La defensa denuncia vulneración del principio de doble sanción
El abogado Carlos Torres Caro, defensor de Castillo, argumentó que una nueva inhabilitación vulneraría el principio de non bis in idem —prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho—, pues ya existe una medida previa de dos años aplicada al expresidente. Según indicó, castigar nuevamente a Castillo por el mismo comportamiento contraviene no solo la Constitución, sino también normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para el abogado, aprobar otra sanción equivaldría a una persecución política revestida de legalidad. La defensa insistió en que este proceso no respeta los estándares mínimos de debido proceso y acusó al Parlamento de intentar consolidar un precedente peligroso para el sistema democrático.
Una sesión marcada por polémicas paralelas
En medio del debate, el Pleno también escuchó la intervención del abogado Raúl Noblecilla, defensa de la expremier Betssy Chávez, investigada por los mismos hechos del 7 de diciembre. Su participación terminó abruptamente luego de que, en un momento de tensión, insultara al grupo político Perú Libre y declarara: “Yo insulto a todo el Congreso”. De inmediato, el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, ordenó su retiro del hemiciclo.
La expulsión generó un clima de confrontación que se mantuvo durante toda la jornada. Noblecilla sostuvo previamente que, si el proceso contra su patrocinada continúa vulnerando derechos, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su equipo legal aseguró que agotarán todas las instancias internas antes de acudir a tribunales internacionales.
¿Qué implica el rechazo del informe?
Con la votación final, el informe quedó oficialmente rechazado y, por tanto, la inhabilitación de 10 años no se aplicará contra Pedro Castillo. El Congreso aún podría optar por reiniciar un proceso con nuevas consideraciones, pero tendría que cumplir estrictamente con el reglamento y asegurar un respaldo político más sólido.
Este desenlace deja varias preguntas abiertas:
- ¿Existen los votos para insistir en una nueva acusación?
- ¿Se trata de un desgaste interno entre bancadas?
- ¿Influyó la intervención de Castillo en el resultado final?
Por ahora, lo cierto es que el expresidente seguirá enfrentando sus otros procesos judiciales, pero sin la sombra adicional de una inhabilitación que lo aleje por completo de la vida pública.
Un debate que evidencia la crisis política permanente
Lo ocurrido en el Pleno refleja una constante del escenario político peruano: la dificultad del Congreso para alcanzar consensos incluso en casos de alta relevancia nacional. La figura de Pedro Castillo sigue polarizando a las fuerzas parlamentarias, pero también dejando al descubierto la fragilidad institucional para procesar situaciones complejas sin caer en disputas internas.
El debate sobre la validez de los procesos de inhabilitación —y su relación con garantías constitucionales— promete continuar en las próximas semanas. Las defensas de Castillo y Chávez ya adelantaron que podrían llevar sus reclamaciones a foros internacionales, lo que añade un nuevo capítulo al conflicto político que se arrastra desde diciembre de 2022.
La falta de votos para inhabilitar a Pedro Castillo representa un revés para quienes buscaban una sanción contundente desde el Parlamento. También abre la puerta a nuevas disputas legales, cuestionamientos sobre el debido proceso y una prolongación del clima de confrontación política. Mientras tanto, el exmandatario permanece en Barbadillo, desde donde continúa defendiendo su narrativa de persecución política y acusando al Congreso de actuar bajo intereses económicos.