El Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, por el presunto delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado. La acusación forma parte de una investigación más amplia vinculada a la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas.
A través de un comunicado, la Fiscalía —por medio del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales— formalizó esta medida, que ahora deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, entidad que determinará si procede el inicio de un proceso político-jurídico contra los altos funcionarios del sistema judicial.
¿De qué se acusa a Juan Carlos Checkley?
La denuncia señala que el juez Juan Carlos Checkley habría aceptado una propuesta ilícita por parte de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El supuesto acuerdo implicaba archivar una investigación en su contra, que estaba siendo llevada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cambio de que Checkley declarara fundado el sobreseimiento de las imputaciones contra Emma Benavides, hermana de la exfiscal.
Este presunto intercambio de favores, de acuerdo con el Ministerio Público, configura un acto de cohecho pasivo específico, es decir, aceptar o solicitar beneficios indebidos en el ejercicio de la función pública.
¿Qué papel jugó Helder Terán?
Por su parte, el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas también ha sido denunciado por haber aceptado continuar en su cargo, con la condición de mantener en trámite la investigación contra el juez Checkley.
Según las investigaciones, estos hechos se habrían producido entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el cual Terán habría dispuesto la ampliación irregular de la investigación preliminar más allá del plazo legal, favoreciendo así a Checkley.
Línea de tiempo del caso
Este escándalo tiene origen en una serie de revelaciones surgidas tras la declaración de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. Él detalló cómo se habría pactado un intercambio de favores judiciales, involucrando tanto a jueces como fiscales en una supuesta red de manipulación de procesos judiciales.
En mayo de 2024, la Fiscalía de la Nación decidió formalmente incluir a Juan Carlos Checkley en la investigación penal contra Patricia Benavides, por considerar que existían elementos para imputarle el rol de autor del delito de cohecho pasivo específico.
Reacusación y conflicto de intereses
Debido a la gravedad de los indicios, se había formulado una reacusación contra Checkley, solicitando que sea apartado del proceso relacionado con Emma Benavides, a fin de garantizar la imparcialidad del mismo. Esta recusación buscaba impedir que el magistrado continúe conociendo un caso donde él mismo estaría implicado indirectamente por presuntas acciones de encubrimiento.
Cabe recordar que Emma Benavides está siendo investigada por los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la presunta liberación irregular de narcotraficantes.
La defensa de Checkley
Frente a estas acusaciones, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha rechazado públicamente cualquier vínculo con las hermanas Benavides. Aseguró que nunca ha tenido comunicación con ellas y que no ha participado en ningún acto ilícito que pueda comprometer su integridad como magistrado.
No obstante, la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público sugiere que existen elementos suficientes para que el Congreso analice la posible responsabilidad política y penal de Checkley y Terán.
¿Qué sigue ahora en el Congreso?
Con la presentación de la denuncia constitucional, el caso deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que tiene la facultad de iniciar una indagación preliminar. De encontrarse mérito, el caso pasaría a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso, que decidiría si se levanta el fuero de los funcionarios involucrados para que puedan ser procesados judicialmente.
En caso de aprobarse, esta denuncia podría constituir un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia peruano, señalando que ni siquiera los jueces supremos están exentos de ser investigados cuando se trata de actos que afectan la transparencia y la legalidad institucional.
Caso Benavides y red de influencias
Este caso forma parte del proceso más amplio que investiga a Patricia Benavides, destituida como fiscal de la Nación tras presuntos intentos de manipular decisiones fiscales, encubrir a su hermana e influenciar nombramientos dentro del Ministerio Público. La denuncia contra Checkley y Terán se suma a un entramado que podría tener graves consecuencias en la estructura del poder judicial del país.
