Este miércoles 19 de marzo, el Congreso de la República debatirá modificaciones a la ley de extinción de dominio, una norma clave para la recuperación de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Sin embargo, el Ministerio Público ha expresado su preocupación por los cambios propuestos, que, según la Fiscalía, podrían excluir delitos como la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado de los alcances de la ley.
La propuesta establece un plazo de prescripción de cinco años y exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio. Según el Ministerio Público, estas modificaciones permitirían que personas vinculadas a actos delictivos mantengan bienes adquiridos ilegalmente, lo que debilitaría las herramientas legales para la lucha contra la delincuencia.
En febrero, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya había advertido que la reforma afectaría negativamente la lucha anticorrupción, señalando que las modificaciones responden a presiones desde el Congreso y el Tribunal Constitucional. La fiscal calificó este escenario como un “riesgo mayor” para la recuperación de activos ilícitos.
Actualmente, la ley permite al Estado recuperar bienes sin necesidad de una condena penal previa, lo que facilita su aplicación en casos con indicios suficientes de actividades delictivas. Sin embargo, las propuestas de modificación podrían poner en peligro la efectividad de esta medida y frenar el proceso de recuperación de activos relacionados con el crimen organizado.
