Congreso cita a jefa del RENIEC por polémica filtración de datos del padrón electoral

Carmen Velarde deberá responder ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología por la exposición de información personal de millones de ciudadanos en la publicación del padrón electoral 2026.

por Edgar Mandujano

La controversia por la publicación del padrón electoral inicial continúa escalando en el Congreso de la República. La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde Koechlin, fue citada por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para explicar la exposición de datos personales que ha generado malestar y preocupación entre los ciudadanos.

La sesión, presidida por la congresista Ariana Orué (Podemos Perú), está programada para este lunes 3 de noviembre, desde las 9:00 a. m., en el marco de la octava sesión ordinaria del periodo legislativo 2025-2026. El caso se convirtió en tema de debate público luego de que miles de peruanos denunciaran que sus domicilios y datos personales eran visibles al consultar la plataforma del padrón inicial.


Polémica por exposición de datos personales

El padrón electoral inicial estuvo disponible en la página web del RENIEC entre el 27 y el 31 de octubre, cumpliendo lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones. Su objetivo, según la entidad, era permitir a los ciudadanos verificar la corrección de sus datos antes de elaborar el padrón definitivo para las elecciones generales de 2026.

Sin embargo, lo que debía ser un proceso rutinario se transformó en una crisis institucional, tras revelarse que la página permitía visualizar información sensible, como direcciones de domicilio, sin mayores restricciones de acceso. La situación desató una ola de reclamos en redes sociales, alertando sobre el riesgo de filtraciones y vulneraciones a la privacidad en medio de la grave inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

“Publicar direcciones completas en un contexto de extorsión y secuestros es una irresponsabilidad”, denunció un usuario en redes, reflejando la indignación de miles de ciudadanos.


RENIEC se defiende: “La publicación es legal y obligatoria”

Ante las críticas, el RENIEC emitió un comunicado institucional el 29 de octubre, asegurando que el proceso fue “transparente, legal y seguro”. La entidad recordó que la publicación del padrón inicial está contemplada en la normativa electoral y que su finalidad es exclusivamente verificar la información ciudadana antes de consolidar el registro final.

“Cada acceso a la plataforma queda registrado y es individual. El sistema contiene un tramado de seguridad que impide la descarga masiva de datos”, señaló la entidad. No obstante, las explicaciones no lograron calmar la preocupación pública ni la de las autoridades del Congreso.

El comunicado del RENIEC también enfatiza que el padrón electoral no constituye una exposición pública de datos personales, sino un proceso de verificación ciudadana temporal, conforme a los artículos 199 y 200 de la Ley Orgánica de Elecciones.


Congreso exige explicaciones y medidas de seguridad

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología busca conocer qué protocolos de seguridad aplicó el RENIEC antes de publicar el padrón. “Queremos saber si hubo algún incidente de ciberseguridad y cómo se está protegiendo la información de los ciudadanos”, declaró una fuente del grupo parlamentario.

El congresista Edward Málaga-Trillo también presentó un oficio formal dirigido a Carmen Velarde, solicitando precisiones sobre los mecanismos de protección de datos y si se notificó del caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM y al Ministerio de Justicia.

Además, pidió conocer si el RENIEC coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar que la información publicada “se ajuste estrictamente a su finalidad electoral”.


¿Qué dice la ley sobre el padrón electoral?

El artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón inicial debe publicarse para su revisión pública, a fin de corregir errores o inconsistencias antes de su aprobación definitiva. No obstante, la norma no especifica qué tipo de datos pueden mostrarse ni los mecanismos de protección requeridos, un vacío que hoy reabre el debate sobre la protección de datos personales frente al principio de transparencia.

Expertos en derecho digital sostienen que la exposición de información domiciliaria vulnera los principios básicos de minimización de datos y seguridad de la información contemplados en la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. “Si bien la publicación es obligatoria, los datos sensibles deben anonimizarse. No hacerlo es poner en riesgo la seguridad ciudadana”, explicó un especialista consultado.


Investigación en curso y presión política

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) también abrió una investigación preliminar contra Carmen Velarde, ante la posible exposición masiva de datos personales del padrón electoral 2026. El proceso busca determinar si hubo negligencia funcional o incumplimiento de los estándares de seguridad informática.

Velarde, quien dirige el RENIEC desde 2021, enfrentará así su primera comparecencia formal ante el Congreso por este caso, en medio de la presión pública y la creciente demanda de rendición de cuentas.

Desde el Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señalaron que evaluarán si corresponde iniciar una acción administrativa en caso se confirme la vulneración de datos protegidos.


Transparencia vs. privacidad: un dilema pendiente

El incidente del padrón electoral reabre una discusión crucial en el Perú: ¿hasta qué punto debe prevalecer la transparencia electoral sobre el derecho a la privacidad? La publicación del padrón inicial busca garantizar la limpieza del proceso electoral, pero la falta de controles técnicos y ciberprotección podría exponer a millones de ciudadanos a riesgos innecesarios.

A pocas semanas del inicio formal del calendario electoral, el Congreso deberá evaluar si es necesario actualizar la legislación vigente para establecer protocolos claros de seguridad digital en las entidades del sistema electoral.


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