La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó este viernes 7 de noviembre de 2025 el informe final que propone la inhabilitación por 10 años de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el exmandatario Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta, por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, el grupo parlamentario dio luz verde a la denuncia constitucional que será elevada a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, donde se definirá la sanción definitiva contra los implicados.
¿Qué determinó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
El informe, sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), concluye que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad política a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por la vulneración del orden constitucional y el quiebre del Estado de derecho ocurrido durante el mensaje televisado con el que Castillo anunció la disolución del Congreso.
Según la SAC, los exfuncionarios infringieron los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución, que obligan al presidente y ministros a respetar el marco democrático y actuar conforme a la ley. La propuesta incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, además del envío del expediente al Ministerio Público para continuar con las investigaciones penales en curso.
Betssy Chávez y el asilo en México
La votación en el Congreso coincide con el reciente pedido de asilo político presentado por Betssy Chávez ante el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La exjefa del Gabinete Ministerial se encuentra con orden de prisión preventiva por su presunta participación en la intentona golpista, y ha solicitado refugio alegando persecución política.
El Ejecutivo peruano, a través del canciller José Jerí, aprobó el salvoconducto para que Chávez pueda abandonar el país en caso de que el asilo sea concedido. Sin embargo, la decisión generó controversia política, ya que la Cancillería y el Congreso mantienen posturas enfrentadas sobre la soberanía del Estado y la aplicación de tratados internacionales en casos de alta sensibilidad judicial.
¿Qué impacto político tendría la salida de Betssy Chávez del país?
Analistas consultados señalan que un eventual asilo en México podría tensar nuevamente las relaciones diplomáticas entre ambos países, que en los últimos años han enfrentado roces por la defensa del expresidente Castillo desde el gobierno mexicano.
Pedro Castillo y las secuelas del 7 de diciembre
Por su parte, el expresidente Pedro Castillo continúa recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva mientras avanza el proceso penal por los delitos de rebelión y conspiración. La aprobación de la denuncia constitucional refuerza la responsabilidad política del exmandatario y allana el camino para futuras sanciones que podrían extender su inhabilitación más allá de lo penal.
El informe también alcanza al exministro Willy Huerta, quien fue acusado de no actuar frente al intento de cierre del Congreso y de haber respaldado operativamente el plan de disolución, según las conclusiones de la SAC.
Un Congreso en modo sanción
El debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales reflejó las divisiones políticas en el Parlamento. Mientras las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular respaldaron el informe final, los votos en contra provinieron de Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial, quienes defendieron a los exfuncionarios argumentando que fueron víctimas de una persecución política.
El siguiente paso será la revisión del informe en la Comisión Permanente, presidida por el congresista Alejandro Soto, donde se espera que el documento sea ratificado y posteriormente pase al Pleno del Congreso para su votación definitiva.
La decisión de la SAC se enmarca en una estrategia del Parlamento por cerrar los casos pendientes del gobierno de Pedro Castillo, en un contexto donde la crisis política y la pérdida de confianza ciudadana siguen siendo los principales desafíos para el sistema democrático peruano.
¿Qué significa la inhabilitación por 10 años?
De aprobarse en el Pleno, la inhabilitación impedirá que Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta ejerzan cargos públicos electivos o de confianza durante una década. Esta sanción se suma a los procesos penales en curso, reforzando el cerco legal sobre los exfuncionarios del régimen de Castillo.
De acuerdo con fuentes del Congreso, la votación definitiva podría darse antes de fin de mes, y marcaría un precedente institucional frente a intentos de quebrar el orden democrático desde el poder ejecutivo.
Contexto político y repercusiones
El caso se produce en un escenario donde el Ejecutivo y el Legislativo mantienen una relación tensa. La presidenta Dina Boluarte enfrenta cuestionamientos por el manejo político del país, mientras el Parlamento busca proyectar autoridad en materia de control político.
El fallido golpe de Estado de 2022 sigue siendo un punto de inflexión en la política peruana. La inhabilitación de sus principales protagonistas podría significar el cierre de un capítulo institucional, pero también evidencia las fracturas internas del país en torno al relato de lo ocurrido aquel 7 de diciembre.