La Comisión Permanente del Congreso debatirá este jueves 20, desde las 09:00 horas, el informe final que propone acusar e inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo Terrones, así como a sus exministros Betssy Chávez Chino y Willy Huerta Oliva, por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La cita marcará un paso crucial en el procedimiento de denuncias constitucionales que enfrenta el exmandatario junto a quienes integraron su círculo más cercano en las horas previas al intento de ruptura del orden democrático.
Acusación por infracción constitucional: los fundamentos
El documento que será sometido a evaluación deriva de las denuncias constitucionales 547 y 575, impulsadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País). Ambas fueron aprobadas el pasado 7 de noviembre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
¿Qué plantea la acusación?
El informe señala que Pedro Castillo infringió un conjunto extenso de artículos de la Constitución, entre ellos los referidos al orden público, la separación de poderes, el funcionamiento del Congreso, el deber de obediencia a la Constitución, y los límites a la figura de la disolución parlamentaria.
Los artículos atribuidos a Castillo incluyen los 2, 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, 118, 134, 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206.
La amplitud del listado refleja la gravedad que la Comisión asigna al intento del exmandatario de instalar un “gobierno de excepción” el 7 de diciembre de 2022.
Las responsabilidades atribuidas a Chávez y Huerta
Además del expresidente, el informe identifica responsabilidades específicas para Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros, y Willy Huerta, ministro del Interior durante los hechos.
A Chávez se le acusa de vulnerar artículos vinculados al respeto de la estructura constitucional, la responsabilidad política del gabinete y el funcionamiento democrático, como el 104, 126, 128 y 134.
En el caso de Huerta, la acusación subraya la infracción del artículo 159, que regula las funciones de la Policía Nacional, además de otras normas relacionadas al deber de garantizar el orden interno.
La pregunta clave es: ¿Qué elementos vinculan a ambos funcionarios con la decisión de Castillo?
El informe sostiene que, en su calidad de altas autoridades del Ejecutivo, ambos conocían o debieron conocer la naturaleza ilegal del mensaje presidencial y no actuaron para impedirlo.
Pedido de inhabilitación por diez años
El informe propone que Castillo, Chávez y Huerta reciban la sanción máxima contemplada en el marco constitucional: la inhabilitación para ejercer función pública durante diez años.
Esta medida se fundamenta en la ruptura del orden constitucional y en la afectación directa al sistema democrático, uno de los pilares más protegidos por la Carta Magna.
De aprobarse en la Comisión Permanente, el caso será elevado al Pleno, donde la acusación tendrá prioridad en agenda, según las reglas del Reglamento del Congreso.
Garantías del proceso y derecho de defensa
El artículo 89, inciso k) del Reglamento del Congreso establece que los denunciados tienen derecho a contar con asistencia o representación legal durante todas las etapas del procedimiento. Esta disposición busca asegurar el ejercicio pleno del derecho de defensa, considerado un principio básico del debido proceso.
Además, si la Comisión Permanente aprueba la acusación, será el Consejo Directivo el encargado de programar el debate en el Pleno y definir las reglas de intervención para garantizar un proceso transparente y ordenado.
Este escenario abre una pregunta relevante: ¿Qué efectos políticos tendrá una eventual inhabilitación simultánea de Castillo, Chávez y Huerta?
La medida podría cerrar definitivamente la participación de estas figuras en la vida pública durante una década, impactando en partidos, movimientos y sectores afines.
Un paso más en el proceso por el 7 de diciembre
El análisis del informe final representa un nuevo avance en el procedimiento que el Congreso impulsa desde el 2022. Pedro Castillo permanece detenido y afronta investigaciones penales paralelas por rebelión y conspiración.
El debate que se llevará a cabo este jueves será determinante para definir si las acusaciones pasan al Pleno, etapa en la que se requiere mayoría para inhabilitar y formalizar las sanciones solicitadas.
Por ahora, el país vuelve a mirar hacia uno de los momentos más críticos de su historia reciente, mientras el Congreso se encamina hacia una decisión con implicancias políticas, jurídicas y constitucionales.