El Congreso de la República inicia esta semana la instalación de sus comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2025–2026 en medio de una fuerte controversia. Varios congresistas investigados por presuntos actos de corrupción asumirán la presidencia de comisiones clave, lo que ha despertado cuestionamientos desde diversos sectores políticos, sociales y ciudadanos.
Los nombres de Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Magaly Ruiz, Alejandro Soto y María Acuña, todos con investigaciones fiscales en curso, destacan entre los posibles nuevos titulares de grupos de trabajo con alta influencia política y presupuestal, como Fiscalización, Presupuesto, Salud y Transportes.
¿Quiénes son los congresistas cuestionados que presidirán comisiones?
Los acuerdos políticos entre bancadas han permitido que congresistas actualmente involucrados en investigaciones sean designados como presidentes de algunas de las comisiones más relevantes del Parlamento. Aquí los principales casos:
- Elvis Vergara – Comisión de Fiscalización
Investigado por su presunta vinculación al caso “Los Niños”, que involucra a legisladores que habrían negociado votos a cambio de beneficios dentro del Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo. - Juan Carlos Mori – Comisión de Transportes y Comunicaciones
También vinculado al caso “Los Niños”, ha sido señalado por presunto favorecimiento en obras de infraestructura en su región a cambio de apoyo político. - Magaly Ruiz – Comisión de Salud y Población
Investigada por el caso “Muchos Sueldos”, que implica el cobro irregular de sueldos de trabajadores de su despacho parlamentario. - Alejandro Soto – Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Expresidente del Congreso, enfrenta una investigación por presunto fraude procesal y ha sido duramente criticado por su estilo de conducción en la Mesa Directiva. - María Acuña – Comisión de Vivienda y Construcción
Investigada por presunta contratación irregular de personal allegado y direccionamiento de contratos públicos.
¿Cómo se definieron estas designaciones?
Durante la última sesión del Pleno, se aprobó el cuadro nominativo que fija la composición de las 24 comisiones ordinarias, la Comisión Permanente y la Comisión de Ética. A partir de ahí, la Junta de Portavoces de cada bancada llevó a cabo acuerdos internos para distribuir las presidencias y vicepresidencias.
Aunque este tipo de negociaciones son comunes en la dinámica parlamentaria, en esta oportunidad la presencia de legisladores investigados ha generado especial malestar por los cargos asignados, ya que muchos de ellos tendrán ahora la responsabilidad de fiscalizar, legislar y controlar áreas estratégicas del Estado.
¿Por qué preocupa el control de comisiones por congresistas investigados?
La preocupación radica en que estas comisiones tienen poder de fiscalización, formulación legislativa y revisión del gasto público. Si son dirigidas por personas investigadas por corrupción o favorecimiento indebido, se pone en duda la imparcialidad, transparencia y credibilidad de sus acciones.
En concreto:
- La Comisión de Fiscalización lidera investigaciones al propio Congreso, al Ejecutivo y a otras instituciones del Estado.
- La Comisión de Presupuesto aprueba y supervisa el uso del presupuesto nacional.
- La Comisión de Transportes influye en obras de infraestructura claves para las regiones.
- La Comisión de Salud legisla sobre políticas sanitarias, atención primaria y recursos hospitalarios.
- La Comisión de Vivienda tiene injerencia en planes de urbanismo y acceso a servicios básicos.
La paradoja de que investigados lideren órganos fiscalizadores no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que refuerza el mensaje de impunidad dentro de la política nacional.
Reacciones políticas y ciudadanas
Organizaciones civiles, analistas y ciudadanos expresaron su indignación en redes sociales. La organización Transparencia advirtió que “es inadmisible que personas bajo investigación fiscal estén al frente de comisiones cuya función es precisamente ejercer control político y normativo”.
Desde la Defensoría del Pueblo, se emitió un comunicado instando al Congreso a actuar con “ética institucional” y recordando que la presunción de inocencia no exime de la responsabilidad política que conlleva liderar espacios sensibles del Parlamento.
Algunos legisladores de oposición también han criticado el reparto:
“Es como poner a un zorro a cuidar el gallinero. El Congreso debe recuperar credibilidad, no profundizar su crisis de legitimidad”, declaró una congresista de Avanza País.
¿Hay precedentes de situaciones similares?
Sí. En anteriores legislaturas, el Congreso ya ha sido cuestionado por designar a congresistas sancionados o investigados en comisiones estratégicas. Sin embargo, esta vez el número de casos ha crecido y se concentra en comisiones de alta relevancia pública, lo que agrava el contexto.
Además, el sistema de impunidad estructural que predomina en el Congreso —incluyendo una Comisión de Ética que rara vez sanciona con firmeza— ha facilitado que muchos legisladores continúen ejerciendo funciones sin consecuencias reales.
¿Qué impacto tendrá esto en la agenda legislativa?
El control de estas comisiones podría condicionar el debate legislativo en temas de control, presupuesto, obras públicas y salud, especialmente en un contexto electoral rumbo al 2026. También podría ralentizar investigaciones en curso, desincentivar iniciativas anticorrupción o bloquear pedidos de información a entes estatales.
Los ciudadanos y medios deberán estar atentos a la actuación de estos presidentes para fiscalizar si cumplen su rol con imparcialidad o lo utilizan para protegerse y blindarse políticamente.
Mientras el Congreso del Perú se prepara para instalar sus comisiones este lunes, la ciudadanía observa con preocupación cómo congresistas bajo investigación por presuntos delitos asumirán el control de espacios clave para el funcionamiento democrático. Esta situación abre una pregunta inevitable:
¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores, cuando los mismos están cuestionados por actos de corrupción?
La democracia no solo se mide por el voto, sino también por la transparencia y la integridad de quienes legislan.
