SAC aprueba investigación por presunto tráfico de influencias
El Congreso de la República dio un paso clave en un nuevo caso de presunta corrupción política. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó este viernes 8 de noviembre el informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 554, que declara procedente la investigación contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, acusada de tráfico de influencias agravado.
La iniciativa fue aprobada por 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, confirmando el consenso parlamentario para indagar el caso.
La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien señaló que Vásquez habría ofrecido la prueba del concurso nacional de ascenso en la carrera pública magisterial 2021 a cambio de S/3,000 por persona, afectando la transparencia de uno de los procesos más sensibles del sistema educativo peruano.
¿Qué evidencias presentó el Ministerio Público?
De acuerdo con el informe aprobado, el Ministerio Público recopiló testimonios de docentes que aseguraron haber sido contactados por la legisladora o por miembros de su entorno político para acceder a la prueba filtrada antes del examen oficial.
Algunos maestros habrían realizado pagos, mientras que otros rechazaron la oferta y denunciaron el hecho ante las autoridades.
La parlamentaria negó haber recibido dinero, aunque reconoció conocer a algunos de los postulantes implicados. Sin embargo, el documento parlamentario sostiene que existen indicios suficientes para abrir una investigación constitucional.
El caso se enmarca en uno de los episodios más controversiales del magisterio, cuando en 2021 la prueba docente fue suspendida por filtración de preguntas, afectando a miles de postulantes a nivel nacional.
¿Qué pasos seguirá la denuncia en el Congreso?
Con la aprobación de la SAC, el expediente pasa ahora a la Comisión Permanente, que deberá decidir si admite el caso para su debate en el Pleno del Congreso. Si se aprueba, Lucinda Vásquez podría enfrentar suspensión temporal o incluso desafuero, en caso de determinarse responsabilidad penal.
De manera paralela, la Comisión de Ética Parlamentaria también investiga a Vásquez por otro caso conocido como el “Caso cortaúñas”, donde se le acusa de usar a personal de su despacho para tareas domésticas, agravando su situación política y disciplinaria dentro del Parlamento.
Reacciones políticas y silencio en Juntos por el Perú
Hasta el cierre de esta nota, la bancada Juntos por el Perú, a la que pertenece Lucinda Vásquez, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. No obstante, durante la sesión, el congresista Elías Varas, miembro del mismo grupo político, votó a favor de la investigación.
Este nuevo escándalo parlamentario refuerza el deterioro de la imagen del Congreso, que enfrenta una creciente desconfianza ciudadana por los continuos casos de presunta corrupción, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos.