La Comisión Permanente del Congreso acordó reprogramar, por única vez, la diligencia correspondiente a la Denuncia Constitucional N.° 114 (antes 467), formulada contra la excongresista y expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez Chuquilín. La decisión fue adoptada luego de que la denunciada solicitara formalmente el cambio de fecha debido a problemas de salud debidamente acreditados.
Durante la sesión, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, informó al pleno que la exparlamentaria presentó documentación médica que sustenta su imposibilidad de asistir a la citación programada para este miércoles 17 de diciembre. Tras la evaluación de los documentos, la Comisión Permanente decidió aceptar la solicitud, enfatizando que se trata de una reprogramación excepcional.
Solicitud sustentada con documentación médica
Según se informó, Mirtha Vásquez adjuntó a su pedido un certificado médico, órdenes de exámenes, análisis clínicos y recetas, con el objetivo de demostrar que su estado de salud le impide presentarse en la fecha originalmente fijada.
La excongresista solicitó la reprogramación con el argumento de que esta medida le permitirá ejercer plenamente su derecho de defensa, asistida por un abogado, dentro del procedimiento parlamentario en curso. La Mesa Directiva consideró que la documentación presentada cumplía con los requisitos necesarios para sustentar la solicitud.
Reprogramación será por única vez
Al aprobar el pedido, la Comisión Permanente dejó constancia expresa de que la reprogramación de la diligencia se concede por única vez. Asimismo, se precisó que la denunciada será notificada oportunamente con la nueva fecha en la que deberá presentarse para responder a la denuncia constitucional.
El tercer vicepresidente del Congreso advirtió que, en caso de que Mirtha Vásquez no concurra a la nueva citación, su inasistencia será considerada injustificada. En ese escenario, el trámite de la denuncia continuará conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, sin más postergaciones.
Advertencia de la Mesa Directiva
Ilich López Ureña fue enfático al señalar que el Congreso debe garantizar tanto el derecho de defensa de los denunciados como el cumplimiento estricto de los procedimientos parlamentarios. Por ello, la Comisión Permanente estableció que no se admitirán nuevas solicitudes de reprogramación relacionadas con esta diligencia.
La advertencia busca evitar dilaciones indebidas en el trámite de denuncias constitucionales, un aspecto que ha sido cuestionado en procesos anteriores y que el Parlamento busca corregir en el actual periodo legislativo.
¿De qué se acusa a Mirtha Vásquez?
La denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez se sustenta en hechos ocurridos durante su gestión como presidenta interina del Congreso de la República. Según el expediente, se le atribuye la presunta infracción del artículo 45 de la Constitución Política del Perú, referido al ejercicio del poder del Estado conforme a la Constitución y las leyes.
Además, se le imputa la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. La denuncia considera que se cumplen los criterios previstos en los literales a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que regulan la procedencia de este tipo de procesos.
Procedimiento de la denuncia constitucional
El trámite de una denuncia constitucional implica una etapa de evaluación en la Comisión Permanente, donde el denunciado tiene derecho a presentar sus descargos de manera personal o mediante su defensa legal. Posteriormente, el caso puede ser elevado al Pleno del Congreso para que se adopte una decisión política y constitucional.
En este contexto, la reprogramación de la diligencia busca garantizar que la denunciada pueda ejercer su defensa sin vulnerar el debido proceso, pero también asegurar que el procedimiento avance dentro de los plazos razonables.
Un caso bajo atención política
El caso de Mirtha Vásquez ha generado atención política debido a su trayectoria como expresidenta del Congreso y exjefa del Consejo de Ministros. La decisión de la Comisión Permanente refleja el equilibrio que el Parlamento intenta mantener entre el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de resolver las denuncias constitucionales pendientes.
Con la nueva fecha por definirse, el Congreso se prepara para retomar la diligencia y continuar con el análisis de una denuncia que podría tener implicancias políticas y legales relevantes, en un escenario marcado por la vigilancia pública sobre el desempeño de las instituciones.