La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final que acusa al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, de la probable comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal. Con 14 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, se resolvió remitir el caso a la Fiscalía, que continuará con las investigaciones pertinentes. La denuncia se originó debido a la intervención irregular de Ayala en el ascenso de oficiales y el cese de altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El informe se basa en la Denuncia Constitucional 201 y propone, además, archivar el cargo relacionado con una infracción del artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que recibió 17 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El congresista José Jerí Oré, ponente del informe, destacó que los hechos deben ser aclarados por el Ministerio Público, que tiene la competencia para investigar los delitos de coacción y patrocinio ilegal, tipificados en el Código Penal.
Walter Ayala fue acusado de intervenir en el ascenso de dos coroneles y un general, en una acción que no cumplió con los requisitos legales establecidos. Además, se le responsabiliza por el posterior cese de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Este comportamiento ha sido considerado irregular por parte del Congreso, lo que ha llevado a su acusación formal.
La denuncia, presentada originalmente por la congresista Patricia Chirinos en noviembre de 2021, dio lugar a la conformación de la Subcomisión Acusadora, que tendrá la tarea de sustentar el informe y formular la acusación ante el Pleno del Congreso. La propuesta fue aprobada por 18 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones, avanzando así en el proceso judicial contra el exministro.
