El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció una nueva estrategia para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país: brindar asistencia legal gratuita a personas condenadas por el delito de omisión a la asistencia familiar. Esta medida, que se ejecutará a través de la Defensa Pública, podría beneficiar a cerca de 5,000 internos que purgan condena por no pagar pensión alimenticia.
El titular del sector, Juan Alcántara, afirmó que la privación de libertad en estos casos resulta contraproducente, ya que impide a los condenados generar ingresos y, por tanto, cumplir con sus obligaciones económicas hacia sus hijos. “Es un círculo vicioso. Una persona entra a prisión por no pagar pensión alimentaria y desde la cárcel no puede pagarla”, señaló el ministro.
La campaña legal impulsada por el Minjusdh busca facilitar el acceso a beneficios penitenciarios y mecanismos legales que permitan a los reclusos retomar sus responsabilidades familiares desde fuera de prisión. Alcántara subrayó que esta iniciativa se enmarca en el principio del interés superior del niño, priorizando el bienestar de los menores afectados.
Según el artículo 149 del Código Penal, el incumplimiento de la pensión alimenticia puede acarrear una condena de hasta tres años de prisión. Sin embargo, el ministerio plantea que esta sanción debe revisarse cuando impide el cumplimiento efectivo de la obligación.
El programa también contempla la orientación sobre vías legales para establecer pensiones alimentarias, ya sea mediante conciliación extrajudicial o procesos judiciales, así como la defensa del derecho de los hijos mayores de 18 años a recibir pensión si estudian o tienen alguna discapacidad.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo descongestionar el sistema penitenciario, sino también asegurar que las obligaciones familiares no se suspendan por una sentencia penal.