El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS a sus campañas continúa sin avances, a pesar de que el Poder Judicial autorizó su inicio el 5 de noviembre de 2024. La paralización del proceso se debe a las apelaciones presentadas por al menos siete de los acusados, quienes han recurrido a la Ley N° 32130 para impugnar la orden de juicio oral. Esta normativa, promulgada en octubre del año pasado, permite apelar decisiones judiciales tras la fase de control de acusación, lo que ha generado una detención temporal del caso.
Estas apelaciones han llevado a la Corte Superior Nacional a suspender el avance del juicio, mientras espera evaluar las impugnaciones presentadas. La norma, que hasta antes de su aprobación no permitía apelaciones en esta etapa, ha sido criticada por diversos sectores. Para el penalista Mario Amoretti, la ley busca “entorpecer procesos judiciales” y beneficiar a los acusados, especialmente en casos de corrupción de alto perfil como el de Susana Villarán. Amoretti sostiene que la medida tiene un fin político, alargar los juicios y proteger a ciertos sectores.
A pesar de los retrasos, el caso Odebrecht sigue siendo uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción en el país, ya que Villarán es acusada de recibir aportes ilegales durante su campaña a la reelección en 2014. La demora del juicio genera malestar entre la opinión pública, que observa cómo el proceso contra figuras políticas clave sigue siendo entorpecido por los mecanismos legales, lo que podría abrir puertas a más impugnaciones en otros casos relacionados con corrupción.
Este proceso judicial afecta no solo a Villarán, sino que podría impactar a más de 100 casos de corrupción en el país, según advierten expertos. El Poder Judicial deberá decidir pronto si estas apelaciones seguirán paralizando el juicio o si el caso puede avanzar, lo que generará un precedente importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Perú.
