La mañana del viernes 15 de agosto de 2025, Trujillo volvió a ser escenario de la violencia que azota a varias ciudades del norte del país. Un operativo policial logró la captura de tres presuntos implicados en el atentado con explosivos registrado en la cuadra 8 de la avenida Perú. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad y un adulto, hallados en posesión de material explosivo, notas de extorsión y stickers amenazantes.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y familiares de la víctima permitió ubicar rápidamente a los sospechosos. El caso, que ya es materia de investigación, se perfila como un nuevo capítulo en la disputa entre organizaciones criminales en la región.
Un atentado que sacudió Trujillo
La detonación de un explosivo frente a un inmueble en la avenida Perú generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona. El ataque habría sido dirigido contra la vivienda de la madre de Sergio Bolaños, un exintegrante de la banda criminal Los Pulpos, recientemente liberado del penal tras cumplir condena.
Según las primeras indagaciones, la explosión sería una represalia directa. El general Llerena indicó que se maneja la hipótesis de que el atentado responde a una disputa entre “Los Pulpos”, una facción emergente conocida como “Los Pepes” y el grupo “La Jauría”. Estas organizaciones, de acuerdo con la PNP, compiten por el control de actividades ilícitas como la extorsión y el sicariato.
La captura: dos menores y un adulto en Alto Trujillo
La operación se llevó a cabo a las 9:00 a. m. en la zona de Alto Trujillo, tras recibir información clave de familiares de Bolaños. En el lugar se encontró emulsión explosiva, la misma sustancia utilizada en el atentado, así como notas extorsivas y stickers con mensajes amenazantes.
“A las 9 de la mañana se ha detenido a dos menores y un adulto en la zona de Alto Trujillo. Se les ha encontrado emulsión, notas y stickers vinculados al atentado. Estamos en plena investigación para determinar su responsabilidad”, declaró el general Llerena en conferencia de prensa.
El hallazgo de menores de edad involucrados en este tipo de actos refleja un patrón creciente en el reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado, que aprovecha la vulnerabilidad social y económica para captar mano de obra dispuesta a asumir riesgos a cambio de pagos inmediatos.
Presunta venganza por colaboración con la Policía
Uno de los elementos más sensibles de la investigación es que Sergio Bolaños habría colaborado con la Policía Nacional proporcionando información clave sobre su antigua organización criminal. Esa supuesta cooperación, unida a su liberación hace apenas dos meses, habría desencadenado la represalia.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, quien llegó a Trujillo horas después del atentado, respaldó la hipótesis de la PNP y aseguró que se desplegarán acciones conjuntas con la Fiscalía para procesar el caso como un posible acto de terrorismo urbano, en línea con propuestas legislativas recientes.
Reacción ciudadana y desconfianza hacia las autoridades
Aunque la rápida captura de los sospechosos fue recibida como una señal positiva, la visita del ministro Malaver a la zona no estuvo exenta de críticas. Algunos vecinos reclamaron que las autoridades “vienen, hacen su show y se van”, sin ofrecer soluciones sostenibles frente a la creciente inseguridad.
En los últimos meses, Trujillo ha sido escenario recurrente de explosiones, homicidios y extorsiones, lo que ha convertido a la ciudad en uno de los puntos más violentos del país. Organizaciones de comerciantes y transportistas han denunciado que el pago de “cuotas” a bandas criminales se ha normalizado, afectando gravemente la economía local.
Lo que viene
La Fiscalía y la PNP continuarán recabando pruebas para formalizar las denuncias. Se espera que el caso sea presentado como un ataque premeditado ligado a disputas entre bandas criminales, lo que podría abrir un debate legislativo sobre el tratamiento de estos crímenes.
Mientras tanto, las familias trujillanas esperan que esta no sea solo otra captura más que termine sin condena, y que la lucha contra la violencia vaya más allá de operativos esporádicos y visitas ministeriales.
