La madrugada de este jueves, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada logró un importante golpe al crimen en la capital. Se trata de la detención preliminar de 12 presuntos integrantes de la red criminal “Los Injertos del Rímac”, sindicada de haber instalado un sistema de extorsiones contra conductores de colectivos informales, comerciantes, dueños de restaurantes y gremios de construcción civil en distintos distritos de Lima.
La operación fue ejecutada por la fiscal provincial Irene Mercado Zavala, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, en coordinación con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO). En simultáneo se realizaron allanamientos en 19 inmuebles ubicados en San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima, San Miguel e Independencia, todos vinculados a los imputados.
¿Cómo operaban “Los Injertos del Rímac”?
Según las investigaciones, la organización criminal utilizaba WhatsApp como principal herramienta de amenaza. A través de mensajes intimidatorios, exigían a los conductores de colectivos informales el pago de un cupo semanal que oscilaba entre 20 y 25 soles por vehículo. De no cumplir con la exigencia, los delincuentes advertían represalias violentas.
El mismo modus operandi se aplicaba contra comerciantes y dueños de restaurantes, además de sindicatos de construcción civil. Estos sectores, particularmente vulnerables por la informalidad o por depender de actividades en la vía pública, se convirtieron en blanco de la red.
Producto de estas prácticas, la Fiscalía estima que la organización habría obtenido hasta S/ 2 847 451, dinero que se habría canalizado a través de testaferros y negocios fachada.
¿Por qué la operación es relevante?
El operativo no solo significó la captura de 12 presuntos integrantes, sino también el aseguramiento de evidencias clave para la investigación: celulares, libretas con registros de cobros, armas y documentos financieros.
La dimensión de la red y su capacidad de expansión hacia distritos como Miraflores y Cercado de Lima revelan cómo el crimen organizado en la capital ya no se limita a zonas periféricas, sino que avanza hacia sectores comerciales y turísticos de alta afluencia.
El uso de extorsiones semanales de bajo monto (20 a 25 soles) es considerado por la Fiscalía como un “mecanismo de control social”, pues aunque las sumas parecieran pequeñas, multiplicadas por cientos de víctimas generaban una fuente millonaria de financiamiento ilícito.
¿Qué medidas adoptó la Fiscalía?
La fiscal Irene Mercado solicitó y obtuvo del Poder Judicial la orden de detención preliminar judicial contra los imputados, con el fin de asegurar su permanencia bajo custodia mientras avanzan las diligencias.
Los detenidos afrontarán cargos por extorsión, crimen organizado y lavado de activos, lo que podría traducirse en penas superiores a los 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
La Fiscalía indicó que las investigaciones aún continúan, pues no se descarta que la red tenga células activas en otros distritos de Lima Metropolitana o que mantenga vínculos con otras mafias de transporte y construcción.
¿Qué opinan las víctimas?
Si bien las identidades de los denunciantes se mantienen en reserva por seguridad, representantes de gremios de transporte señalaron que desde hace meses alertaban sobre las amenazas. “No podíamos trabajar tranquilos. Nos pedían 20 soles por cada carro, y si no pagábamos, nos enviaban mensajes de que sabían dónde vivíamos”, relató un conductor de la zona del Rímac.
Comerciantes de restaurantes pequeños también denunciaron haber recibido llamadas con intimidaciones. “Decían que iban a rompernos el local si no colaborábamos con el cupo. Es un alivio que los hayan capturado”, señaló un afectado del Cercado de Lima.
¿Se podrá frenar el avance del crimen organizado en Lima?
La caída de “Los Injertos del Rímac” abre un debate central: ¿está el Estado preparado para enfrentar redes de extorsión cada vez más sofisticadas y con presencia en diversos distritos de la capital?.
Analistas coinciden en que los operativos son un avance, pero no bastan si no se desarticulan las fuentes de financiamiento, los nexos con autoridades locales y las cadenas de lavado de dinero que permiten a estas mafias sobrevivir incluso tras detenciones masivas.
El caso de “Los Injertos del Rímac” refleja cómo las redes criminales se adaptan a la economía urbana, apuntando a sectores vulnerables como el transporte informal y los pequeños negocios. El golpe fiscal y policial representa un respiro momentáneo para las víctimas, pero también plantea un desafío: convertir estas operaciones en una estrategia sostenida que devuelva la confianza a la ciudadanía.
Mientras tanto, los 12 detenidos enfrentarán la justicia, y la investigación busca identificar a los líderes de una red que, según la Fiscalía, se había convertido en una de las más activas en la capital.