La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Tribunal Constitucional intervenir como amicus curiae en el proceso de hábeas corpus presentado a favor de Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial del gobierno de Pedro Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Según informó la propia entidad, el pedido busca aportar una perspectiva jurídico-constitucional centrada en la defensa de los derechos fundamentales, principalmente respecto al uso de la prisión preventiva, la libertad personal y la igualdad ante la ley.
El proceso ante el Tribunal Constitucional se ha tornado especialmente relevante, debido a que Chávez permanece privada de su libertad sin condena firme, y ha iniciado una huelga de hambre seca en protesta por lo que considera vulneraciones a sus derechos al interior del penal.
¿Qué motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo?
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo indicó que su participación como amicus curiae tiene como fin reafirmar garantías constitucionales vinculadas al respeto de los plazos razonables de la prisión preventiva, la protección de la libertad personal mediante el habeas corpus y el principio de igualdad ante la ley.
La institución considera que el caso de Betssy Chávez amerita una revisión cuidadosa desde una perspectiva de derechos humanos, dada la gravedad de los hechos que se denuncian y el uso de una medida cautelar que, según sus argumentos, debe aplicarse con criterios excepcionales y proporcionales.
¿Por qué está detenida Betssy Chávez?
La exjefa del gabinete fue detenida preventivamente en el marco de una investigación por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, lo que derivó en su destitución y detención.
Betssy Chávez, como alta funcionaria en ese momento, fue acusada de haber tenido conocimiento y posible participación en el intento de golpe institucional. Desde entonces, enfrenta un proceso penal que, hasta la fecha, no ha concluido en juicio ni sentencia.
La defensa legal de Chávez presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional alegando que la medida de prisión preventiva es desproporcionada, no cumple con los requisitos legales y vulnera su derecho a la presunción de inocencia.
Huelga de hambre seca y denuncias dentro del penal
El 25 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Betssy Chávez inició una huelga de hambre seca y rechazó dos evaluaciones médicas, firmando un consentimiento informado donde asumía los riesgos de su decisión.
Chávez habría adoptado esta medida como protesta por la falta de protección al interior del penal. En una carta manuscrita difundida por su abogado, la interna denunció la presencia de otras reclusas que, según afirma, tendrían vínculos con organizaciones subversivas y representarían un peligro para su integridad.
Además, señaló que las denuncias sobre estas amenazas no han sido atendidas adecuadamente y cuestionó la imparcialidad de las autoridades del penal.
¿Qué dice el INPE?
El INPE confirmó que el estado de salud de Chávez está siendo monitoreado constantemente y que ya ha sido notificada la Fiscalía de Prevención del Delito, así como la Defensoría del Pueblo.
Respecto al pedido de traslado a otro penal, Chávez solicitó ser trasladada junto a dos internas más. Sin embargo, el INPE respondió que el Código de Ejecución Penal exige que estos pedidos sean individuales y que el caso está siendo evaluado por la Oficina Regional Lima.
A nivel interno, el INPE también comunicó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que no se han hallado pruebas que respalden las denuncias de amenazas directas.
Restricciones en el penal y seguimiento institucional
Durante una reciente audiencia, Betssy Chávez declaró que existen restricciones que le impiden comunicarse con el exterior del penal después de las seis de la tarde, incluso en situaciones que podrían requerir atención urgente.
Pese a ello, tanto el INPE como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo aseguran que se siguen aplicando los protocolos de vigilancia establecidos. El jefe del INPE, Iván Paredes, declaró que su institución no tiene competencia exclusiva sobre traslados, pero que se garantiza el monitoreo permanente del caso.
¿El hábeas corpus será el camino a su libertad?
El Tribunal Constitucional ahora tiene la tarea de evaluar los fundamentos del hábeas corpus y la solicitud de intervención de la Defensoría como amicus curiae.
La pregunta clave es: ¿la prisión preventiva impuesta a Betssy Chávez respeta los principios constitucionales o constituye una medida arbitraria?
La respuesta marcará un precedente importante en el uso de la prisión preventiva en casos de alta carga política y mediática.
