El reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha desatado una fuerte reacción del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. En una entrevista con RPP, Arana manifestó que detrás de esta y otras acciones fiscales se percibe “un claro tufillo político” que busca afectar la gobernabilidad del país.
¿Cuál es el contexto del allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte?
La mañana del 27 de agosto, fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), acompañados por agentes de la Policía Nacional, ejecutaron un operativo en la residencia de Nicanor Boluarte, ubicada en un condominio de San Borja. Esta diligencia forma parte de una investigación preliminar contra una presunta organización criminal y busca la incautación de documentos clave.
Este operativo es independiente del caso conocido como ‘Los Waykis en la sombra’ y se enmarca en una serie de acciones simultáneas realizadas en 14 diferentes inmuebles, uno de ellos en Ayacucho.
¿Por qué Eduardo Arana advierte sobre un “tufillo político” y qué significa para la gobernabilidad?
Durante su participación en el programa Las Cosas Como Son de RPP, Arana expresó preocupación por la “zozobra indebida” que, según él, algunos fiscales generan con fines políticos. Indicó que este fenómeno no solo afecta al entorno presidencial, sino que también representa un riesgo para cualquier ciudadano y la estabilidad institucional.
“Me parece bien que la señora presidenta haya señalado que existe un problema que no puede resolverse actualmente y que muchos fiscales aprovechan para generar una zozobra indebida, y desde el Ejecutivo percibimos un claro tufillo político que pretende afectar la gobernabilidad”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.
¿Qué críticas hace Arana al sistema jurídico peruano?
Arana fue enfático al señalar que el modelo jurídico peruano no garantiza que se logre una justicia efectiva. Esta crítica apunta al sistema procesal actual, que —según el titular de la PCM— presenta deficiencias que abren la puerta a manipulaciones políticas y a procedimientos que no siempre responden a un debido proceso.
Esta declaración añade una nueva capa de debate sobre la eficiencia y autonomía del sistema judicial en Perú, especialmente en casos de alto impacto político.
¿Qué papel juega el ministro de Justicia en la investigación?
El allanamiento a la residencia de Nicanor Boluarte se realiza en el marco de una investigación que vincula al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a una presunta red criminal. Según la tesis fiscal, Santiváñez sería el presunto líder de esta organización, lo que eleva la complejidad y sensibilidad del caso.
Esta situación pone bajo presión al Ejecutivo, que debe gestionar las investigaciones sin afectar la estabilidad política ni la percepción pública.
¿Cómo reacciona el Gobierno ante estas investigaciones?
El Gobierno, a través de sus voceros como Eduardo Arana, ha optado por denunciar posibles motivaciones políticas detrás de ciertas acciones judiciales. Esta postura refleja una estrategia para minimizar impactos negativos en la gobernabilidad y mantener un discurso de defensa frente a investigaciones que involucran a altos funcionarios y familiares.
No obstante, la presión de la Fiscalía y la opinión pública obligan al Ejecutivo a mantener un equilibrio delicado entre respeto a la independencia judicial y defensa de su estabilidad.
¿Qué riesgos enfrenta la gobernabilidad del Perú?
El escenario actual, marcado por investigaciones a figuras cercanas al poder y denuncias de interferencia política, puede generar incertidumbre y desconfianza en las instituciones. La percepción de manipulación judicial puede erosionar la confianza ciudadana y complicar la capacidad del Gobierno para gobernar efectivamente.
Por eso, la advertencia de Arana sobre un “tufillo político” cobra relevancia en un contexto donde la estabilidad democrática y la justicia independiente deben coexistir.
¿Qué sigue en la investigación y cuál es el panorama político?
Las diligencias continúan en los 14 inmuebles allanados y la Fiscalía seguirá recabando evidencia para fortalecer la investigación preliminar contra la presunta organización criminal. Mientras tanto, la relación entre Ejecutivo y Ministerio Público se mantiene tensa, con riesgos de confrontaciones que podrían escalar políticamente.
El Gobierno deberá buscar mecanismos para preservar la gobernabilidad sin obstruir el trabajo judicial, un desafío clave en el actual escenario político.
