La Amazonía peruana enfrenta una creciente presión por la actividad minera, que avanza incluso sobre áreas naturales protegidas, territorios indígenas y cuerpos de agua esenciales para la región. Un reciente informe del Programa de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) revela que, a octubre de 2024, existen 799 concesiones mineras catalogadas como conflictivas debido a su superposición con zonas sensibles, totalizando 158 580 hectáreas. Estas concesiones plantean desafíos legales, sociales y ambientales para la región.
La minería y su impacto en la Amazonía
La actividad minera, cuando se desarrolla sin un adecuado marco de regulación y supervisión, genera efectos devastadores. Entre los más preocupantes están la deforestación de bosques primarios, que son clave para mitigar el cambio climático, y la contaminación de ríos y lagos, afectando la calidad del agua y la biodiversidad acuática. Según el informe, 43 concesiones mineras tienen más del 60% de su superficie en cuerpos de agua (4 163 hectáreas), en clara violación del Decreto Supremo 1100, que prohíbe actividades mineras en estas zonas.
Adicionalmente, la minería en territorios indígenas y áreas protegidas pone en riesgo derechos ancestrales y los objetivos de conservación establecidos por la legislación peruana. Esto es particularmente grave en el caso de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), cuya supervivencia depende de la intangibilidad de sus territorios.
Áreas naturales protegidas
El informe documenta la superposición de 39 concesiones mineras, cubriendo 2735 hectáreas, sobre áreas naturales protegidas como la Reserva Comunal El Sira, en Huánuco. En el pasado, esta zona ha enfrentado minería ilegal, y la concesión de nuevos derechos mineros incrementa el riesgo de destrucción de hábitats críticos. Aunque la Ley N° 26834 prohíbe actividades mineras en áreas de uso indirecto, en las de uso directo, como las reservas comunales, se permite la minería bajo condiciones estrictas. Sin embargo, muchas actividades se realizan sin cumplir con estos requisitos, resultando en impactos negativos irreversibles.
Reservas indígenas y comunidades nativas en peligro
La gran mayoría (712 o 89%) de las concesiones mineras conflictivas se superponen con comunidades nativas, cubriendo 151 682 hectáreas. El caso de la Reserva Indígena Kakataibo, también en Huánuco, es grave. Este territorio, delimitado para proteger a los PIACI, ahora enfrenta la amenaza de cinco concesiones mineras que abarcan 738 hectáreas. Estas actividades contravienen la legislación que prohíbe el desarrollo de minería en reservas indígenas, ignorando los derechos de estos pueblos a vivir en aislamiento y preservar sus modos de vida tradicionales.
Por otro lado, las comunidades nativas San José de Karene y Puerto Luz, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, también se ven afectadas por la superposición de concesiones mineras en sus territorios. La minería no solo afecta sus tierras, sino también su acceso a recursos naturales esenciales para su sustento.
Cuerpos de agua y biodiversidad
El río Santiago, en el límite entre Loreto y Amazonas, es un ejemplo crítico de la amenaza que enfrenta la biodiversidad acuática. En esta zona, más del 60% de una concesión minera está constituida por cuerpos de agua, violando la Ley de Recursos Hídricos y el Decreto Supremo 1100. La contaminación de estas fuentes puede tener efectos devastadores en las comunidades locales y en las especies acuáticas que dependen de estos ecosistemas.
Incremento de concesiones en trámite
El aumento de concesiones mineras en proceso de trámite durante los últimos tres años es alarmante. Este crecimiento se concentra en regiones como Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Cusco y Puno. Solo en la provincia de Constitución, Pasco, las actividades mineras en trámite ya han deforestado más de 40 hectáreas, afectando la Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani y su entorno natural.
Aunque la normativa peruana prohíbe la minería en cuerpos de agua y territorios indígenas, las concesiones preexistentes y las actividades ilegales continúan generando conflictos. La falta de fiscalización efectiva permite que muchas operaciones se desarrollen sin cumplir con las regulaciones ambientales y sociales, perpetuando el daño a largo plazo.