El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que obliga a los medios de comunicación a difundir las acciones del Ejecutivo durante los estados de emergencia, ha generado controversia en el Congreso. Anunciado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el proyecto propone que las señales de TV, radio y otros medios transmitan obligatoriamente una franja informativa que resalte los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la criminalidad.
Una de las voces más críticas frente a esta iniciativa fue la congresista María del Carmen Alva, quien rápidamente utilizó sus redes sociales para rechazar el proyecto. Alva, integrante de Acción Popular, advirtió que la imposición de este tipo de contenidos atenta contra la libertad de prensa y la independencia de los medios, comparando la propuesta con prácticas propias de regímenes autoritarios que usan la propaganda para controlar la información.
El anuncio también desató reacciones de otras entidades, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que calificó la medida de preocupante. La ANP subrayó que esta obligación de difundir acciones gubernamentales podría comprometer la autonomía editorial de los medios y contravenir los principios democráticos fundamentales. Además, alertaron sobre el riesgo de transformar los medios en un instrumento de propaganda estatal.
A pesar de la controversia, la congresista Alva aclaró que aunque considera importante enfrentar la inseguridad, no apoyará ninguna propuesta que limite la libertad de los medios. Según ella, el gobierno debe buscar alternativas para informar sobre sus acciones sin imponer restricciones que contravengan la libertad de expresión y la democracia en el país.
