La reciente designación de un vocero en el Ministerio del Interior (Mininter) ha desatado una fuerte controversia, con la congresista María del Carmen Alva al frente de las críticas. Alva argumenta que el ministro Juan Santiváñez posee habilidades comunicativas suficientes, por lo que la contratación de un vocero resulta un gasto innecesario. Además, advierte que esta medida podría generar un efecto dominó, llevando a otros ministerios a replicarla, lo que incrementaría el gasto público en un momento en que los recursos deberían destinarse a fortalecer la seguridad ciudadana.
Carlos López Aedo, coronel retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sido el elegido para ocupar el cargo de vocero, con una remuneración de 30.000 soles. La congresista Alva cuestiona la justificación de este pago, señalando que esos fondos podrían utilizarse para contratar más policías o mejorar el equipamiento de las fuerzas del orden. La controversia se centra en la percepción de que se está priorizando un gasto superfluo en lugar de invertir en áreas críticas para la seguridad del país.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha defendido su decisión, argumentando que el vocero contribuirá a mejorar la comunicación institucional y la imagen del ministerio. Sin embargo, las críticas persisten, y la opinión pública se mantiene dividida sobre la necesidad y la pertinencia de esta designación. Un punto a destacar es que el cargo de vocero ministerial representa una figura inédita en la administración pública peruana, lo que añade un elemento de debate sobre su utilidad y legalidad.
La polémica continúa generando debate en los ámbitos político y mediático. Se exige mayor transparencia en el gasto público y una reevaluación de las prioridades del gobierno en materia de seguridad ciudadana. El ministro Santiváñez ha reafirmado su respaldo al pago realizado al vocero y ha descartado la posibilidad de renunciar a su cargo.
