Populismo universitario sin control
El Congreso de la República vuelve a encender las alertas en el sistema educativo. El legislador Waldemar Cerrón, hermano del fundador de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que plantea un “periodo de gracia de 15 años” para que las 40 universidades públicas creadas desde el 2021 no estén obligadas a pasar por el proceso de licenciamiento de la SUNEDU durante ese tiempo.
La iniciativa, registrada como Proyecto de Ley N° 12672, busca incorporar un nuevo párrafo al artículo 28 de la Ley Universitaria, con el argumento de “fortalecer” a las universidades creadas en este periodo legislativo. Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta reconoce implícitamente la inviabilidad de esas casas de estudio y expone el carácter populista con que fueron aprobadas.
¿Por qué se propone un periodo de gracia de 15 años?
Según el documento presentado por Cerrón, las universidades creadas durante el actual Congreso “contarán con un periodo de 15 años contados desde la conformación de su comisión organizadora, para alcanzar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley”.
En ese lapso, las “exigencias mínimas de licenciamiento” no serían aplicables. Es decir, podrán operar sin cumplir las condiciones básicas de calidad que exige la SUNEDU para el funcionamiento formal de cualquier institución de educación superior.
El congresista justifica la iniciativa asegurando que se busca “garantizar el fortalecimiento y funcionamiento sostenible” de las nuevas universidades públicas, con un “régimen de acompañamiento técnico y progresivo”. En palabras del propio Cerrón, “el Estado no debe actuar como un obstáculo mediante la aplicación inflexible de exigencias que no consideran su estado de gestación”.
Reconocimiento implícito del fracaso
No obstante, los exministros y especialistas en educación interpretan la propuesta como una admisión de fracaso. “El congresista Cerrón se ha dado cuenta de que el funcionamiento de estas universidades es inviable a corto y mediano plazo porque nacieron sin presupuesto, sin terrenos ni plana docente”, explicó Idel Vexler, exministro de Educación.
De acuerdo con Vexler, las universidades aprobadas por este Congreso —sin estudios técnicos ni evaluación del Ministerio de Educación (Minedu) ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— fueron el resultado de una agenda populista con fines electorales. “Se crearon universidades para ganar votos, no para formar profesionales”, sentenció.
El costo de las universidades sin sustento
La magnitud del problema es financiera. Según un informe técnico del Minedu, abrir una sola universidad pública con tres carreras y sin laboratorios requiere al menos 105 millones de soles, de los cuales el 90% se destina a infraestructura.
Aplicando esa cifra a las 40 universidades creadas, se necesitarían más de 4.000 millones de soles solo para el primer año de funcionamiento, sin incluir los gastos del proceso de licenciamiento. Esa suma representa una cuarta parte del presupuesto anual del sector Educación, estimado en 20.000 millones de soles para el 2025.
“Para poder financiar esto tendrían que recortarse recursos destinados a colegios, docentes y programas educativos. Es un sinsentido fiscal”, advirtieron las exministras Marilú Martens y Miriam Ponce.
¿Qué consecuencias tendría este proyecto?
El especialista en políticas públicas Jorge Mori, exfuncionario del Minedu, alertó que este Congreso “está dejando una bomba de tiempo” al próximo gobierno. Según su análisis, la mayoría de las universidades creadas por insistencia legislativa no podrán abrir sus puertas antes de ocho o diez años, pues carecen de terrenos, infraestructura y presupuesto operativo.
“Las poblaciones locales se van a sentir estafadas cuando vean que esas universidades no funcionan. Lo más probable es que el siguiente Congreso tenga que convertirlas en filiales de universidades públicas ya existentes para evitar protestas”, explicó Mori, quien actualmente dirige el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES).
Un Congreso récord en improvisación
Desde julio de 2021, el Parlamento ha aprobado 40 nuevas universidades públicas, una cifra sin precedentes en la historia republicana. Ningún periodo legislativo anterior había impulsado tantas creaciones sin el respaldo técnico del Ejecutivo.
En setiembre pasado, por insistencia, se promulgó una ley que crea 20 universidades de un solo golpe en 15 regiones, pese a que el Ejecutivo la había observado por falta de viabilidad económica.
La SUNEDU y el Minedu advirtieron en su momento que la proliferación descontrolada de universidades públicas “afectará gravemente la calidad educativa y fragmentará los recursos del sistema”.
Populismo en clave electoral
Analistas señalan que este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia política de reelección. “Los congresistas están en una carrera populista e irresponsable. No pueden jugar con las expectativas de los jóvenes ni convertir la educación en un botín político”, criticó Idel Vexler.
El discurso de Cerrón, presentado bajo la bandera del “fortalecimiento regional”, en realidad reproduce el mismo modelo clientelista que en los años 90 generó universidades públicas sin autonomía ni calidad. “Esto es una reedición del populismo educativo, donde el número de universidades se confunde con el acceso a la calidad”, afirmó un exasesor del Minedu consultado por Caretas.
Educación superior en riesgo
El debate no solo es técnico, sino político e institucional. Con la propuesta de Cerrón, la SUNEDU perdería capacidad fiscalizadora sobre las universidades nuevas, lo que abriría la puerta a la informalidad y al deterioro académico.
De aprobarse, el Congreso estaría legalizando un vacío de supervisión que podría extenderse durante tres gobiernos consecutivos. “El riesgo es que se consolide un sistema dual: universidades con estándares de calidad y otras que operan bajo el amparo político”, advirtió Mori.
La factura del populismo
El proyecto de Waldemar Cerrón sintetiza una paradoja: se crean universidades para ofrecer esperanza, pero sin condiciones reales para educar. Lo que parece una medida de inclusión termina siendo una política de abandono institucional.
El resultado —como advierten los exministros— será un sistema público sobrecargado, fragmentado y financieramente insostenible, que hereda a los próximos gobiernos una deuda moral y fiscal con miles de jóvenes que soñaban con estudiar.