El Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 11306, que incorpora el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, y autoriza a los legisladores a realizar actividades políticas y proselitistas durante la semana de representación.
La iniciativa, que en un inicio no alcanzó los votos necesarios, logró finalmente ser aprobada el 20 de agosto con más de 70 votos a favor. Este cambio ocurre a menos de un año de las elecciones generales de 2026, un contexto que alimenta las sospechas sobre un eventual uso indebido de recursos públicos para fines electorales.
¿Qué cambia con la nueva norma?
Con la incorporación del artículo 25-A, los parlamentarios ahora podrán participar en eventos partidarios, mítines, conferencias políticas y campañas durante la semana de representación, siempre que se desarrollen fuera de las instalaciones del Congreso.
En la práctica, la norma otorga a los congresistas “carta libre” para desplegar proselitismo político durante un periodo en el que, formalmente, deben rendir cuentas a sus electores y fiscalizar la gestión pública en sus regiones.
Sin embargo, las críticas apuntan a que, pese a que puedan participar en estas actividades políticas, los legisladores seguirán percibiendo sus viáticos y recursos asignados para las funciones de representación, lo que podría generar un conflicto de intereses.
El trasfondo electoral de la decisión
La aprobación de esta norma no es casual. El Congreso se encuentra en una coyuntura marcada por la implementación del nuevo sistema bicameral, que será efectivo a partir de 2026. Muchos de los actuales parlamentarios aspiran a reelegirse como diputados o senadores y, con este cambio, tendrán mayor libertad para posicionarse políticamente frente a sus electores.
Además, pese a que existieron propuestas para suspender la semana de representación durante los periodos electorales, estas no prosperaron. Por lo tanto, los legisladores podrán hacer campaña política mientras aún cumplen sus funciones parlamentarias y reciben presupuesto público.
Críticas y cuestionamientos
Diversas voces de la sociedad civil y sectores de la oposición han advertido sobre los riesgos de uso indebido de fondos públicos para actividades proselitistas. El hecho de que los parlamentarios utilicen recursos estatales mientras hacen campaña podría abrir la puerta a denuncias por conflicto de intereses y ventajas indebidas frente a otros candidatos.
Casos recientes, como el del congresista Darwin Espinoza, quien fue captado en Ecuador durante un partido de Alianza Lima mientras sus colegas sesionaban en Lima, han avivado el debate sobre la real utilidad de la semana de representación y el cumplimiento de sus funciones.
La medida, para muchos, no solo erosiona la credibilidad del Congreso, sino que también desdibuja la línea entre la función pública y los intereses partidarios.
