Miguel Espichán advierte que ampliación del Reinfo no debe interpretarse como un aval a operaciones irregulares
El Ministro del Ambiente, Miguel Espichán, encendió una señal de alarma nacional al confirmar que al menos 270 mil hectáreas del país han sido devastadas por la minería ilegal, un fenómeno que sigue expandiéndose sobre bosques, riberas y áreas naturales protegidas. Sus declaraciones, lanzadas desde RPP, marcan un nuevo punto de tensión en la discusión sobre el reciente Reinfo ampliado hasta 2026, un proceso que, según remarcó, “no puede —de ningún modo— convertirse en un escudo para encubrir la ilegalidad”.
Una afectación ambiental que sigue avanzando
La cifra expuesta por Espichán pone en perspectiva la magnitud de un problema que se ha vuelto estructural. Según indicó, el impacto se extiende sobre diferentes regiones del país y ha golpeado con especial fuerza reservas naturales y zonas de amortiguamiento como Tambopata, uno de los territorios más frágiles y biodiversos de la Amazonía peruana.
¿Qué significa que más de un cuarto de millón de hectáreas estén degradadas? Implica pérdida de bosques, contaminación por mercurio, desplazamiento de fauna y el reforzamiento de redes criminales que operan en la sombra del Estado.
El ministro agregó que el Minam es uno de los sectores que enfrenta de forma directa las consecuencias de esta actividad ilícita, tanto en el deterioro de ecosistemas como en la interrupción del desarrollo sostenible de comunidades locales.
Reinfo ampliado hasta 2026: ¿más tiempo o más riesgo?
En su intervención, Espichán recordó que la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 permitirá que miles de operadores formales en proceso puedan culminar sus trámites.
Sin embargo, advirtió que el Estado no puede permitir que esta ampliación sea utilizada para dar apariencia de legalidad a actividades netamente ilegales. “Eso no debe significar bajo ningún punto de vista que le demos ropaje legal a la ilegalidad”, sostuvo con firmeza.
La advertencia llega en un contexto donde diversos especialistas han alertado que el Reinfo ha sido, en ocasiones, aprovechado por operadores irregulares para seguir explotando zonas prohibidas, incluso dentro de áreas naturales protegidas.
¿Qué controles aplicará el Gobierno para evitar que se repita esa situación? El ministro señaló que su sector trabaja estrechamente con la Policía, la Marina y la Fiscalía para reforzar la interdicción y los operativos territoriales.
Operativos en Tambopata y control territorial
La Reserva Nacional Tambopata continúa siendo uno de los epicentros del daño. Espichán detalló que el Minam brinda apoyo logístico desde sus puestos de vigilancia para asegurar la presencia permanente de fuerzas del orden.
Operativos recientes han permitido desmantelar campamentos ilegales, aunque la persistencia de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal hace que los avances sean parciales y el territorio vuelva a ser invadido rápidamente.
Como parte de los refuerzos, el ministro mencionó la entrega de equipamiento al puesto de vigilancia Yarana, en la cuenca del Nanay, donde se han instalado motores, cámaras, GPS y otros implementos destinados a mejorar el control fluvial y terrestre.
¿Son suficientes estas medidas para frenar la expansión del crimen ambiental? Espichán sostiene que son un paso necesario, pero insuficiente sin el apoyo coordinado de todos los sectores y gobiernos locales.
Alternativas económicas para reducir la presión sobre el bosque
El otro eje estratégico —según Espichán— es la promoción del uso sostenible del bosque, una alternativa que busca ofrecer opciones económicas legítimas a las comunidades que viven en zonas altamente vulnerables a la minería ilegal y otras economías ilícitas.
El titular del Minam destacó iniciativas vinculadas a la valorización de productos forestales como la castaña, la shiringa y el camu camu, recursos que permiten generar ingresos sostenibles sin comprometer la integridad del bosque.
La diversificación productiva, señaló, es clave para reducir la dependencia de actividades ilegales que destruyen ecosistemas y abren paso al crimen organizado.
“Promovemos el uso sostenible de productos del bosque… para que las poblaciones locales también puedan contar con alternativas económicas”, afirmó.
En ese sentido, el Minam trabaja con asociaciones locales para acompañar procesos de recolección, transformación y comercialización que permitan a los pobladores competir dentro de mercados formales.
Un desafío que requiere respuesta integral
El avance de la minería ilegal continúa siendo una de las principales amenazas ambientales del Perú. La cifra de 270 mil hectáreas degradadas no solo refleja la pérdida de ecosistemas, sino también la expansión de actividades conectadas con el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
¿Qué más puede hacer el Estado para revertir esta tendencia? La respuesta, según el ministro, pasa por fortalecer la interdicción, mejorar la coordinación multisectorial y, sobre todo, impulsar modelos de desarrollo sostenible que sustituyan a las economías ilícitas.
Espichán insistió en que la ampliación del Reinfo debe ser un mecanismo para formalizar, no para incentivar la destrucción ambiental. “No se puede seguir confundiendo formalización con permisividad”, remató.