Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, presentó este lunes 9 de febrero, a las 20:00 horas, una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este en contra de Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y otros funcionarios que resulten responsables. La denuncia apunta a presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada.
El documento fue presentado al amparo de los numerales 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución, en concordancia con el artículo 326.1 del Código Procesal Penal y lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Hechos denunciados
Según el escrito, los hechos ocurrieron en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo. El sábado 7 de febrero de 2026, alrededor de las 18:00 y 19:00 horas, el personal del penal realizó una requisa general en las celdas que ocupan cuatro internos, incluyendo a Vizcarra. Esta acción concluyó sin observaciones, con los bienes de los internos autorizados por las autoridades para cubrir necesidades básicas no garantizadas por el Estado.
Sin embargo, a primeras horas del domingo 8 de febrero, Henry García Malpartida y otros funcionarios regresaron al penal y realizaron una nueva requisa, pese a que ya se había ejecutado una diligencia similar horas antes, sin que se hubiera registrado incidente alguno.
Alegaciones de abuso y violación a la intimidad
La denuncia de Vizcarra sostiene que la segunda requisa constituiría un acto de abuso de autoridad, al ejecutarse sin necesidad ni justificación, y con conocimiento previo de la diligencia realizada horas antes. Además, se señala que durante esta intervención se habrían vulnerado los derechos a la intimidad del expresidente, constituyendo la violación en su forma agravada.
El escrito busca que se investigue la actuación de los funcionarios y se determine si existieron responsabilidades penales por la gestión de seguridad penitenciaria en el caso.
Próximos pasos en la investigación
Tras la presentación del escrito, la Fiscalía de Lima Este deberá iniciar las diligencias correspondientes para determinar la veracidad de los hechos denunciados y la posible comisión de los delitos señalados. La denuncia marca un nuevo capítulo en la relación entre Vizcarra y el sistema penitenciario peruano, en un contexto de constantes cuestionamientos a la gestión de los penales.
La acción legal presentada por Vizcarra podría abrir un proceso de investigación que involucraría a la Dirección de Seguridad del INPE y a los funcionarios implicados, mientras se espera que las autoridades penitenciarias brinden su versión de los hechos.