El Grupo Parlamentario Honor y Democracia solicitó formalmente la convocatoria de un Pleno extraordinario del Congreso para debatir y votar las mociones de censura contra el presidente José Jerí, quien ejerce funciones por sucesión constitucional.
La solicitud se presentó mediante el Oficio N.º 002-2026/GPHD/CR, dirigido al primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi. Según la bancada, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio del poder.
Reuniones no declaradas y cuestionamientos éticos
El grupo parlamentario argumenta que José Jerí enfrenta investigaciones fiscales por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y sobornos en la Comisión de Presupuesto. Además, menciona reuniones no declaradas con el empresario chino Zhihua Yang, documentadas en reportajes periodísticos recientes.
Honor y Democracia advierte que durante estos encuentros se habrían usado vehículos oficiales y accesos a lugares extraficiales, prácticas que consideran impropias y que afectan la imagen institucional del Ejecutivo. Según el grupo, esta situación configura una crisis de idoneidad que debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Censura como mecanismo de control político
El oficio invoca el artículo 68, literal d), del Reglamento del Congreso, que contempla la censura como mecanismo de control político. Si la moción es aprobada, José Jerí sería removido de la Mesa Directiva y cesaría en sus funciones como presidente de la República.
El vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, subrayó que “la estabilidad del país no puede verse supeditada a cuestionamientos éticos que erosionan la confianza ciudadana”. La bancada enfatiza que la medida busca proteger la institucionalidad democrática y asegurar la responsabilidad en el ejercicio del poder.
Repercusiones políticas y próximos pasos
La convocatoria al Pleno extraordinario se produce en un contexto de alta tensión política, donde los sectores del Congreso y la opinión pública siguen de cerca las investigaciones sobre Jerí y sus presuntos vínculos con actores privados.
El debate marcará un precedente sobre cómo se manejan acusaciones éticas y legales contra un presidente en funciones y reforzará la relevancia del control político como herramienta para garantizar la transparencia y legitimidad institucional.