¿Una solución a la crisis penitenciaria o una decisión polémica?
Desde la isla El Frontón, la presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó este lunes la decisión de su Gobierno de construir un nuevo penal de máxima seguridad destinado a internos de alta peligrosidad. La medida, que forma parte de una estrategia integral para reducir el hacinamiento carcelario, ha encendido el debate en torno a la política de seguridad, derechos humanos y memoria histórica.
El proyecto contempla una infraestructura con capacidad para más de 2,000 reclusos y será ejecutado a través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.
¿Por qué El Frontón?
Ubicada frente a las costas del Callao, El Frontón fue en el pasado escenario de uno de los episodios más controversiales en la historia reciente del país: la masacre de 1986 durante un motín en el penal, que dejó decenas de internos muertos. La reapertura de la isla como centro de reclusión plantea ahora un desafío simbólico y logístico.
El Ejecutivo sostiene que la elección responde a razones técnicas y estratégicas. Al ser una isla, El Frontón garantiza un mayor aislamiento de los internos considerados de mayor peligrosidad, reduciendo el riesgo de fugas, corrupción o influencia del crimen organizado dentro de zonas urbanas.
Viabilidad técnica y voluntad política
“La viabilidad técnica ya está aprobada”, afirmó Boluarte durante su discurso. Además, aseguró que el proyecto no es una promesa vacía, sino parte de una acción concreta y planificada para descongestionar los penales del país, muchos de los cuales operan con una sobrepoblación de hasta el 140 %.
El nuevo penal contará con instalaciones modernas, vigilancia reforzada y medidas de seguridad avanzadas. Se prevé que los procesos de licitación e inicio de obras comiencen en 2026.
Un frente contra la inseguridad ciudadana
La mandataria insistió en que este proyecto forma parte de una ofensiva mayor contra la inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de la población peruana.
“El Perú necesita recuperar su tranquilidad. Este penal será un paso firme contra el crimen organizado”, declaró Boluarte, quien destacó que su gestión ha priorizado una agenda de seguridad con enfoque territorial.
La construcción del penal también responde a demandas de diversas regiones afectadas por el auge del crimen. De acuerdo con datos del INPE, el número de internos por delitos como extorsión, sicariato y narcotráfico ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años.
¿Qué implicancias tiene este anuncio?
La decisión de retomar El Frontón como espacio carcelario no solo tiene un componente logístico, sino también histórico y político. Organismos de derechos humanos ya han advertido que este anuncio no debe significar un retroceso en los compromisos del Estado respecto a la memoria, justicia y verdad.
En respuesta, fuentes del Ejecutivo aseguraron que el proyecto será diseñado respetando estándares internacionales y principios de legalidad. Además, subrayaron que el nuevo penal no será una réplica del anterior, sino un centro moderno, supervisado y con enfoque de derechos.
¿Qué sigue ahora?
El convenio firmado entre Justicia, Defensa y la Marina marca el primer paso. Según lo indicado por el Ejecutivo, los próximos meses se enfocarán en:
- Finalizar los estudios de impacto ambiental
- Establecer los lineamientos de diseño arquitectónico
- Iniciar el proceso de licitación de obras
- Asegurar el financiamiento estatal, sin descartar apoyo de organismos multilaterales
Se espera que el nuevo penal empiece a operar en 2027, con un enfoque específico: albergar exclusivamente a reclusos de alta peligrosidad, trasladados desde penales sobrepoblados como Lurigancho, Challapalca, Castro Castro y Piedras Gordas.
¿Es suficiente una nueva cárcel para resolver el problema?
Aunque el proyecto de El Frontón ha sido bien recibido por sectores que exigen mano dura contra la criminalidad, expertos advierten que la construcción de penales, por sí sola, no resolverá el problema de fondo. La falta de políticas de prevención, rehabilitación real y reinserción social siguen siendo desafíos estructurales.
El reto para el Gobierno será demostrar que esta iniciativa no se queda en el plano simbólico, sino que efectivamente contribuye a una reforma integral del sistema penitenciario peruano.
