El Gobierno del Perú aprobó un Decreto Supremo que modifica el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), elevando de S/500 mil a S/1 millón el monto máximo que se puede ofrecer por información que facilite la captura de cabecillas criminales. La norma fue publicada este lunes en El Peruano y busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La medida, anunciada días atrás por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, responde a una realidad alarmante: los líderes de las principales bandas criminales operan con altos niveles de sofisticación y recursos económicos, dificultando su captura. Según el Ejecutivo, estas organizaciones utilizan seguridad privada, inmuebles de lujo, traslados constantes y documentos falsos para evitar ser detectadas.
Recompensa por alias “El Monstruo” podrá subir al millón
Uno de los casos más emblemáticos que se vería directamente impactado por esta norma es el de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, sindicado como cabecilla de una red criminal. Hasta ahora, su captura estaba premiada con el tope de S/500 mil, pero con esta modificación su recompensa podría alcanzar S/1 millón, aunque aún no se actualiza oficialmente en el portal del Mininter.
La norma fue firmada por la presidenta Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana, el ministro del Interior Carlos Malaver y el ministro de Defensa Walter Astudillo, consolidando una política que apunta a reforzar la colaboración ciudadana frente al aumento del poder económico y logístico de las bandas criminales.
Nuevo capítulo en la política de seguridad
Desde su creación en 2016, el Programa de Recompensas ha sido una herramienta clave en la captura de delincuentes prófugos. Con esta actualización, el Gobierno busca dar un golpe más contundente al crimen organizado y aumentar el flujo de información confidencial proveniente de la ciudadanía.
Se espera que en los próximos días se refleje este cambio en la plataforma oficial del Mininter. Por ahora, la medida representa un giro importante en la estrategia del Estado para enfrentar a las organizaciones delictivas que más amenazan la seguridad nacional.