El Poder Ejecutivo presentó una subsanación a la demanda competencial que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta acción busca corregir los aspectos formales que llevaron al TC a rechazar la demanda, alegando que no contaba con la autorización explícita de la presidenta Dina Boluarte para que el premier Gustavo Adrianzén actuara en su representación.
Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, explicó que la falta de autorización formal por parte de la presidenta Boluarte fue el principal motivo del rechazo. Sin embargo, destacó que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la decisión de interponer la demanda, al considerar que las investigaciones en contra de la presidenta afectaban el ejercicio adecuado de sus funciones.
Una vez que el Consejo de Ministros aprobó la demanda, Boluarte designó formalmente al premier Adrianzén para que llevara a cabo la acción legal. Ahora, con la subsanación presentada, se espera que el Tribunal Constitucional evalúe nuevamente la demanda y decida los próximos pasos en el proceso.
El Ejecutivo busca que el TC defina las circunstancias en las que un jefe de Estado puede ser investigado, ya que considera que las investigaciones en curso contra la presidenta Boluarte están menoscabando su capacidad para ejercer sus funciones. Con esta subsanación, el Gobierno espera corregir los aspectos señalados por el TC y avanzar en la resolución de esta disputa constitucional.