Este 6 de octubre se cumplen dos años desde que Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador regional de Junín y fundador del partido Perú Libre, pasó a la clandestinidad para evadir una condena judicial. La Sala Penal de Apelaciones de Junín había confirmado, en 2023, una sentencia de tres años y seis meses de cárcel en su contra por el caso “Aeródromo Wanka”. Sin embargo, más allá de los vaivenes judiciales posteriores —incluyendo la anulación de la condena por el Tribunal Constitucional en 2024 y la absolución por casación en la Corte Suprema en marzo de 2025— Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva vigente de 24 meses por el caso de lavado de activos y organización criminal, que lo coloca en condición de prófugo de la justicia.
El poder de un prófugo con discurso político
Lejos de desaparecer del radar público, Cerrón ha mantenido una intensa campaña política digital. Utiliza activamente redes sociales como X (antes Twitter) y sobre todo TikTok, donde realiza transmisiones en vivo, responde preguntas de simpatizantes y perfila lineamientos de un eventual plan de gobierno de Perú Libre. El 29 de septiembre realizó una conferencia virtual con más de 40 seguidores, en la que no solo defendió su inocencia, sino que también se presentó como un potencial precandidato presidencial para el 2026.
Este nivel de exposición contrasta con su condición legal. Cerrón no solo evade a la justicia peruana, sino que también figura en los registros de Interpol como buscado internacionalmente. Aun así, no parece tener mayores restricciones para comunicarse con su partido ni para opinar sobre la coyuntura nacional, llegando incluso a lanzar críticas contra la presidenta Dina Boluarte, a quien llama “usurpadora”.
La burla a la justicia: operativos fallidos
La Policía Nacional del Perú (PNP) acumula hasta la fecha al menos nueve operativos fallidos para capturar al líder de Perú Libre. Los intentos van desde redadas en propiedades de Junín, hasta seguimientos en condominios de lujo en la Panamericana Sur e incluso vigilancia en embajadas. Ninguno de ellos ha tenido éxito.
Entre los episodios más notorios se encuentra el operativo de diciembre de 2023 en el fundo “Los Gochis” en Chacaybamba, Jauja, donde Cerrón no fue hallado. En esa ocasión, el propio prófugo se burló de la diligencia al difundir —y luego borrar— el acta policial en sus redes. En enero de 2024, la PNP buscó al exgobernador en un condominio en Asia, sin hallarlo. En septiembre de ese mismo año, se desplegó un aparatoso operativo en Ica, encabezado incluso por el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez, que terminó siendo un fiasco: se actuó basándose en rumores radiales y filtraciones de periodistas.
También hubo intentos fallidos de captura en torno a las sedes diplomáticas de Bolivia y Cuba. Documentos de inteligencia revelaron que se sospechaba que Cerrón intentaba ingresar a embajadas para solicitar asilo. Sin embargo, la información filtrada habría frustrado varias diligencias. El propio Poder Judicial y el Ministerio del Interior se culparon mutuamente de retrasos en la ejecución de órdenes de allanamiento, alimentando la percepción de inoperancia e incluso complicidad.
Una red de protección y una estrategia de victimización
La prolongada fuga de Cerrón ha puesto en cuestión la eficacia del sistema judicial y policial del país. Analistas coinciden en que no se trata solo de fallas logísticas, sino también de redes de protección política que habrían facilitado su permanencia en la clandestinidad. Cerrón mantiene comunicación con congresistas de Perú Libre y continúa dirigiendo decisiones estratégicas de su partido, algo que sería imposible sin apoyos externos.
A su vez, el exgobernador cultiva un discurso de persecución política, asegurando que las medidas en su contra son parte de una campaña para eliminarlo como figura opositora. Ese relato le permite reforzar su base de seguidores, quienes lo ven como una víctima del “sistema corrupto”.
Dos años de fuga, un reto para el Estado
La conmemoración de estos dos años de clandestinidad pone sobre la mesa la fragilidad del aparato de justicia peruano. A pesar de contar con una orden de prisión preventiva firme y una notificación roja de Interpol, Cerrón no solo evade a la PNP, sino que además se proyecta políticamente hacia el 2026. Este escenario es un golpe a la credibilidad del Estado y una evidencia de cómo los procesos judiciales pueden ser utilizados por líderes políticos para fortalecer su narrativa.
El futuro inmediato plantea un dilema para el Gobierno y las autoridades: intensificar la búsqueda de Cerrón para devolverle autoridad al sistema judicial, o permitir que su fuga se prolongue y se normalice en el debate público. Mientras tanto, el líder de Perú Libre continúa capitalizando su clandestinidad como un elemento más de su estrategia política.