El Congreso de la República aprobó esta noche, con una votación unánime de 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la vacancia por incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
La sesión, convocada de manera “inmediata” bajo el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, marca el fin abrupto de un gobierno que sobrevivió casi dos años entre la impopularidad, la parálisis y el desgaste institucional.
Boluarte, que no acudió al hemiciclo, fue representada por su abogado Juan Carlos Portugal, quien antes del debate difundió un pronunciamiento en el que advirtió: “¡No lo convalidaremos!” y acusó al Parlamento de violar el derecho a la defensa y al plazo razonable.
La mandataria y su defensa jurídica ya preparía una estrategia legal para impugnar la vacancia ante el Tribunal Constitucional y eventualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una vacancia sin fisuras
La votación —124 a favor, sin votos disidentes— refleja la ruptura total entre el Congreso y el Ejecutivo, y un inusual consenso entre bancadas tradicionalmente enfrentadas: Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre y Somos Perú votaron en el mismo sentido.
El detonante inmediato fue la crisis de seguridad desatada por el atentado contra la orquesta Agua Marina, pero el trasfondo era político y electoral: la mayoría parlamentaria decidió desmarcarse de una presidenta cuya impopularidad podía arrastrar a los partidos de cara a las elecciones de 2026.
En los pasillos del Congreso, la escena era inequívoca: Dina Boluarte ya no tenía a nadie dispuesto a sostenerla. Su relación con el Parlamento se había deteriorado a niveles irreversibles tras el nombramiento del ministro del Interior Carlos Malaver, las movilizaciones de transportistas y la descomposición de un gabinete cada vez más débil.
Fin de un equilibrio precario
Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, tras la caída de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte fue presentado como un “control de daños” frente al colapso institucional.
Sus primeros gabinetes tuvieron cierto nivel técnico y político, pero el desgaste progresivo —agravado por los escándalos del caso Rolex, las muertes en las protestas y las denuncias fiscales suspendidas por el Tribunal Constitucional— terminó por desfondar su legitimidad.
Con la vacancia aprobada, la línea de sucesión se activa de inmediato: el presidente del Congreso, José Jerí Oré, deberá asumir la presidencia de la República en las próximas horas, conforme al artículo 115 de la Constitución.
Jerí —abogado, miembro de Somos Perú y figura rodeada de controversias por denuncias previas de abuso sexual y presunta corrupción presupuestaria— pasa así al centro del tablero político en medio de una tormenta institucional.
La ruta legal de Boluarte
Aunque el fallo del Tribunal Constitucional de agosto de 2025 suspendió las investigaciones fiscales contra Boluarte mientras durara su mandato, su vacancia reactiva de inmediato todas las carpetas —desde el caso Rolex hasta las muertes en protestas—.
Su abogado, Portugal, ya anunció que no reconocerán el proceso parlamentario y que recurrirán “a las instancias constitucionales y supranacionales correspondientes”.
La defensa alegará que la sesión vulneró el derecho a la defensa, el plazo razonable y el principio de motivación, e intentará abrir una ruta similar a la que siguieron expresidentes como Martín Vizcarra o Alan García en su momento, cuando acudieron a instancias internacionales para cuestionar sus destituciones o sanciones políticas.
Epílogo de una era de transiciones
La vacancia de Dina Boluarte ratifica la inestabilidad crónica del sistema político peruano: seis presidentes en siete años, ninguno elegido por más de un periodo, y todos envueltos en procesos judiciales o parlamentarios.
El país se asoma así a una nueva transición, encabezada por un Congreso que devora a sus propios aliados y por una clase política que ha convertido la vacancia en el mecanismo ordinario del poder.