La Defensoría del Pueblo anunció el inicio de un proceso de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los mineros en vías de formalización, tras acuerdos logrados en reuniones previas con gremios del sector. La decisión llega en medio de un contexto de protestas sociales y bloqueos de carreteras, que han dejado víctimas mortales y numerosos heridos en distintas regiones del país.
Mediante un comunicado oficial, la Defensoría saludó la labor de los dirigentes mineros que, luego de reunirse en su sede central el 9 de julio, consultaron a sus bases para desbloquear las vías y dar paso a la negociación. También destacaron la disposición del Gobierno para abordar los temas técnicos y legales que impiden la formalización de miles de trabajadores vinculados a la pequeña minería y minería artesanal.
La entidad subrayó que este proceso debe centrarse en pilares fundamentales como la formalización laboral, el pago de impuestos, la erradicación de la trata de personas, y el respeto a los estándares ambientales. Además, condenaron cualquier acto de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública durante las manifestaciones, señalando que estas acciones solo agravan la crisis social.
Finalmente, la Defensoría diferenció entre la minería en proceso de formalización —que busca operar dentro del marco legal— y la minería ilegal, asociada con delitos ambientales y sociales graves. Reafirmaron su compromiso con una minería formal, sostenible y respetuosa de los derechos humanos y del entorno ecológico, como una vía para reducir la conflictividad en el país.
