La Comisión Permanente del Congreso, presidida por José Jerí, sesionará este miércoles 3 de septiembre a partir de las 10:00 a.m. para definir el plazo de investigación de cinco denuncias constitucionales declaradas procedentes. Las indagaciones involucran a exmandatarios, exministros, fiscales y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De aprobarse, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá 15 días hábiles para elaborar los informes finales sobre cada caso, tal como lo establece el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Los casos en agenda
Entre las denuncias más relevantes, figura la Denuncia Constitucional 580, presentada por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Martín Vizcarra, el exministro de Salud Víctor Zamora y la exministra de Economía María Antonieta Alva. Se les atribuye la presunta colusión agravada en agravio del Estado, delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal.
La Denuncia Constitucional 587, también impulsada por la Fiscalía, involucra al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Asimismo, la Denuncia Constitucional 570 fue presentada por varios congresistas contra Delia Espinoza, en su condición de fiscal suprema y luego como fiscal de la Nación, por presunta infracción constitucional, así como cohecho activo específico y encubrimiento personal.
Denuncias contra exministros y exintegrantes de la JNJ
Otro caso que será revisado es la Denuncia Constitucional 593, que involucra al exministro del Interior Víctor Manuel Torres Falcón por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado, de acuerdo con el artículo 376 del Código Penal.
Finalmente, la Denuncia Constitucional 544 fue presentada por Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, contra Luz Inés Tello de Ñeco y los expresidentes de la JNJ, Antonio de la Haza y Aldo Vásquez Ríos. Se les imputa presunta infracción constitucional y los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
Lo que se espera en la sesión
La sesión de la Comisión Permanente será clave para establecer los plazos que permitirán avanzar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, órgano encargado de determinar si procede o no formular acusaciones constitucionales contra los investigados.
Estas denuncias podrían abrir procesos que involucren responsabilidad penal y política para los señalados, en un contexto donde la relación entre el Congreso, el Ministerio Público y el Ejecutivo atraviesa momentos de alta tensión.
