El Congreso marcó posición frente a la gestión económica 2024
El Pleno del Congreso de la República decidió no aprobar la Cuenta General de la República 2024, luego de un contundente informe presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Con 83 votos a favor de la desaprobación, el Parlamento rechazó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que pretendía cerrar el ejercicio fiscal con observaciones pendientes.
Durante el debate, el presidente de la Comisión, Alejandro Soto Reyes (AP), explicó que la decisión obedeció a graves deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República, las cuales afectaron la transparencia y la consistencia de la información financiera del Estado.
Irregularidades y omisiones en más de 100 entidades públicas
Según el informe, 111 entidades públicas no integraron su información al Sistema Nacional de Contabilidad, siendo declaradas omisas. Esta omisión representa un incumplimiento directo de las normas presupuestales y compromete la fiabilidad de los estados financieros.
Además, dos de las cuatro reglas fiscales fueron incumplidas durante el año 2024. El déficit fiscal alcanzó el 3.5 % del PBI, mientras que el gasto del Gobierno Central superó el límite permitido, elevándose al 6.2 %, pese a que el máximo era de 4.7 %.
“No existe una auditoría limpia ni una opinión favorable sobre las cuentas del Estado”, advirtió Soto ante el Pleno.
Obras inconclusas y activos sin sustento
Uno de los hallazgos más alarmantes fue la existencia de S/ 301 mil millones en construcciones en curso sin identificación clara, cifra que representa el 25 % de los activos nacionales. Asimismo, se registraron 2,476 obras paralizadas con un valor total de S/ 43 mil millones, equivalentes al 3.6 % de los activos públicos.
“Se consignan obras concluidas y no entregadas, obras sin saneamiento legal e incluso obras inexistentes físicamente”, detalló Soto, al subrayar el desbalance estructural en la ejecución del gasto público.
Un Estado sin auditorías limpias
El informe de auditoría de la Contraloría reveló que 215 de las 320 entidades auditadas (67 %) obtuvieron opinión desfavorable, lo que involucra más de S/ 380 mil millones en activos observados. El panorama es aún más crítico en los gobiernos regionales y locales, donde el 100 % y el 97 % respectivamente registraron estados financieros no confiables.
Estas cifras, según los especialistas, reflejan una crisis estructural en la rendición de cuentas del Estado peruano.
¿Qué advirtieron los congresistas?
Durante la sesión, el legislador José Cueto Aservi (Honor y Democracia) calificó el problema como una práctica recurrente que se repite cada año sin consecuencias.
“El Congreso no puede seguir desaprobando informes sin promover cambios estructurales. Si el Ministerio de Economía y la Contraloría no corrigen estas deficiencias, el dinero público seguirá malgastándose”, dijo.
Por su parte, Eduardo Salhuana Cavides (APP) alertó que el país necesita una reforma integral del aparato estatal, destacando que “no se puede aprobar una cuenta cuando no se sabe el destino de 300 mil millones de soles del presupuesto general”.
Llamado a la fiscalización y transparencia
El congresista Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Democrático del Perú) sostuvo que las cifras presentadas son “números fríos sin resultados tangibles”, por lo que pidió fortalecer el rol fiscalizador del Parlamento y promover sanciones a las instituciones omisas.
“Cada año nos llega una Cuenta General con los mismos problemas. Es hora de asumir con firmeza nuestra función fiscalizadora”, enfatizó Zeballos.
El Congreso envía mensaje político y técnico
La decisión adoptada por el Pleno del Congreso será comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República.
Más allá de la desaprobación formal, el mensaje político es claro: el Parlamento no avalará la falta de control en el gasto público, ni los vacíos contables que ponen en duda el manejo de los recursos del Estado.
En palabras del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, quien presidió la sesión, “este dictamen busca proteger el principio de transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de los fondos públicos”.
Transparencia pendiente
La desaprobación de la Cuenta General 2024 deja un precedente para los próximos ejercicios fiscales. Sin embargo, expertos advierten que mientras no se refuercen los sistemas de control interno, seguimiento presupuestal y sanción a los funcionarios omisos, el problema se repetirá.
El reto ahora recae en el Ejecutivo y la Contraloría, que deberán aclarar el destino de miles de millones de soles y garantizar que el presupuesto nacional refleje una gestión eficiente, limpia y verificable.