La inmunidad parlamentaria vuelve a ser tema central en el Congreso peruano. En una primera votación, el Pleno aprobó el dictamen que busca restituir esta figura eliminada en 2020. La propuesta deberá pasar por una segunda votación en la siguiente legislatura para ser confirmada e implementada en el próximo Congreso bicameral de 2026.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió la iniciativa argumentando que no se trata de un privilegio individual, sino de una herramienta para proteger la función legislativa frente a presiones externas. Según dijo, su restauración es necesaria para garantizar la autonomía parlamentaria.
La norma plantea limitaciones importantes: no cubriría delitos cometidos antes de asumir el cargo ni protegería a los actuales congresistas. Además, introduce mecanismos como el silencio positivo para evitar dilaciones indebidas en los procesos judiciales, buscando un equilibrio entre inmunidad y control.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas desde bancadas opositoras. Legisladoras como Ruth Luque advierten que esta medida podría usarse como escudo frente a eventuales actos ilícitos y debilitar los avances en transparencia. La preocupación principal radica en que incluso en casos de flagrancia, se requiera el visto bueno del Congreso para actuar judicialmente.