La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ampliación del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigencia la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), lo que ocurra primero. La decisión se adoptó con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, y modifica el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional dicho proceso.
La medida, que agrupa cinco proyectos de ley, vuelve a colocar en el centro del debate el alcance del REINFO, el rol del Estado frente a la minería informal y los límites entre formalización, tolerancia y combate a la ilegalidad. Se trata de una nueva prórroga a un régimen que se aplica desde 2012 y que, según diversos sectores, no ha logrado cumplir sus objetivos estructurales.
Sustento de la Comisión de Energía y Minas
Durante la sustentación del dictamen, el congresista Víctor Cutipa Ccama, presidente de la Comisión de Energía y Minas, aseguró que la ampliación del plazo no implica recursos públicos adicionales ni demanda partidas presupuestales extraordinarias. Según explicó, su ejecución se realizará con cargo a los presupuestos vigentes de las entidades competentes, principalmente gobiernos regionales y sectores vinculados a fiscalización ambiental y laboral.
No obstante, reconoció que la medida genera costos administrativos, especialmente por la necesidad de fortalecer capacidades técnicas, sistemas de información y acciones de supervisión. Aun así, sostuvo que los beneficios superan ampliamente los costos, al permitir la culminación de procesos de formalización, la ampliación de la base tributaria y la mejora de la recaudación por impuestos, regalías y canon minero.
Cutipa también subrayó que la ampliación busca garantizar el derecho al trabajo de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad minera, así como reducir la conflictividad social en diversas regiones del país.
Qué establece la norma aprobada
El artículo único del dispositivo legal precisa que el proceso de formalización minera integral mantendrá su vigencia hasta fines de 2026, salvo que antes se apruebe y entre en vigor la Ley MAPE y su reglamento. Esta redacción fue uno de los puntos centrales del consenso, luego de que se redujera el plazo inicialmente propuesto.
La ampliación alcanza a los registros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), herramienta que, según cifras expuestas en el debate, cuenta con más de 31 mil procedimientos administrativos activos a nivel nacional.
Debate dividido en la Comisión Permanente
El debate evidenció profundas diferencias entre las bancadas. La congresista Gladys Echaiz cuestionó la ampliación al considerar que se legisla en favor de un grupo reducido, sin una evaluación integral de los efectos acumulados del régimen desde su creación. Advirtió, además, que mantener tratamientos excepcionales podría contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia ambiental.
En contraste, el congresista Guido Bellido sostuvo que no se trata de una minoría, sino de cerca de medio millón de peruanos vinculados directamente a la pequeña minería, y hasta cuatro millones involucrados en la cadena productiva. Remarcó la necesidad de diferenciar entre minería informal y minería ilegal, y defendió la continuidad del proceso como una vía para ordenar el sector.
Críticas por impactos ambientales y exclusión social
Desde la bancada Bloque Democrático Popular, la congresista Ruth Luque afirmó que la norma consolida un marco favorable a la economía ilegal, al cuestionar la exención de responsabilidad penal por daños ambientales para quienes se encuentran en proceso de formalización. Asimismo, criticó la exclusión de las poblaciones indígenas del debate legislativo sobre una actividad que impacta directamente en sus territorios.
Una posición similar fue expresada por la congresista Diana Gonzales, de Avanza País, quien señaló que la ampliación del REINFO otorga “oxígeno” a la minería ilegal y debilita la autoridad del Estado. Recordó que el Pleno rechazó recientemente disposiciones que buscaban reincorporar a más de 50 mil mineros cuyos registros habían vencido.
Riesgo de conflicto social y falta de ley integral
Desde APP, el congresista Eduardo Salhuana advirtió que no aprobar la ampliación habría generado un grave conflicto social, al dejar en situación de ilegalidad automática a más de 30 mil personas. Reconoció, sin embargo, que el Congreso y los sucesivos gobiernos no han logrado aprobar una ley integral que ordene de manera definitiva la pequeña minería en el país.
En la misma línea, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, destacó la complejidad del problema y señaló que su bancada impulsó reducir el plazo de la ampliación a solo un año, como una medida transitoria. Recalcó que el reto pendiente es construir una legislación integral que reconozca la diversidad de realidades regionales.
Oposición desde Acción Popular
El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, expresó su oposición a la ampliación, al considerar que se sigue promoviendo la permanencia en la informalidad. Señaló que la informalidad minera es un problema estructural que no se resolverá con prórrogas sucesivas, sino con reformas de fondo, fiscalización efectiva y una política pública coherente.
Con esta decisión, el Congreso vuelve a apostar por una salida transitoria frente a un problema que, más de una década después, sigue sin una solución integral. La discusión sobre la Ley MAPE y el futuro del REINFO queda, una vez más, postergada.