Con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la SAC aprobó el informe de calificación que recomienda admitir por procedente la denuncia contra Espinoza, presentada por congresistas de Renovación Popular (RP). Se le acusa de resistencia o desobediencia a la autoridad, por presuntamente no acatar una resolución judicial que restituía a Patricia Benavides en su cargo como fiscal suprema.
La denuncia constitucional 607 también alcanza a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos, por presuntamente haber avalado dicha inacción.
En paralelo, la subcomisión declaró improcedente el componente de la denuncia que planteaba el delito de usurpación de funciones, al no tratarse —según el informe— de un delito de función tipificado penalmente.
Por otro lado, con 15 votos a favor y 2 en contra, también fue admitida a trámite la denuncia constitucional 574 contra Pablo Sánchez Velarde, por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
De acuerdo con la acusación promovida también por miembros de RP, Sánchez habría intentado obtener el archivo de una investigación en su contra y presuntamente buscado impunidad mediante acuerdos con la fiscal Delia Espinoza y otros funcionarios del Ministerio Público.
Estas decisiones dan inicio al proceso de indagación dentro del Congreso y podrían escalar hacia acusaciones formales y posibles sanciones o inhabilitaciones, dependiendo de los resultados del proceso en la SAC y el Pleno.