Santa Rosa de Loreto, el pequeño distrito peruano ubicado en la triple frontera con Colombia y Brasil, fue este 15 de agosto el escenario de un anuncio inusual: la presidenta Dina Boluarte llegó con un plan de inversión sin precedentes que busca revertir décadas de abandono estatal. Las medidas apuntan a mejorar el transporte fluvial y aéreo, garantizar acceso a agua potable, fortalecer la educación y la salud, y titular terrenos para la población local.
El anuncio llega en un contexto particular: tensiones diplomáticas con Colombia por la soberanía de esta zona amazónica y una creciente preocupación por la influencia de economías ilegales que utilizan las rutas fluviales para el narcotráfico y el contrabando. La visita presidencial y las inversiones programadas son, además de una promesa social, una señal geopolítica.
¿Qué se anunció en Santa Rosa de Loreto?
La presidenta informó que se duplicará la frecuencia de vuelos entre Iquitos y Santa Rosa, pasando de seis a doce vuelos semanales. Además, se implementará un nuevo terminal portuario de carga, se habilitarán vuelos con torre de control en Caballococha y se construirá un mercado de abastos flotante.
En materia de servicios básicos, Boluarte anunció la instalación de sistemas de agua potable, el mantenimiento de centros de salud y colegios y la creación de un Tambo para articular servicios del Estado en la zona. También se iniciará un proceso de titulación masiva de predios, a cargo de Cofopri, para dar seguridad jurídica a las familias.
Un punto estratégico en disputa
Santa Rosa de Loreto no es solo un poblado fronterizo; es una plataforma natural de conexión fluvial con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Por su ubicación, es una pieza clave para el comercio legal y el turismo, pero también para las rutas ilícitas.
En el lado colombiano, Leticia ha mostrado en los últimos años un desarrollo urbano acelerado, con infraestructura moderna y servicios de calidad, lo que ha generado comparaciones incómodas para las autoridades peruanas. La brecha se ha hecho visible en redes sociales y en reportes de organizaciones internacionales.
Para analistas en seguridad y desarrollo regional, el paquete de inversiones de Boluarte responde a una necesidad urgente de equilibrar esa asimetría y reafirmar la presencia del Estado peruano en una zona donde la ausencia se siente tanto como la corriente del río.
Un problema de seguridad y soberanía
En la triple frontera, los problemas no se limitan al desarrollo económico. El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando encuentran en la geografía amazónica un terreno propicio. Las autoridades peruanas han reconocido que la falta de control fronterizo y la escasez de efectivos policiales facilitan estas actividades.
En ese contexto, la visita de la presidenta también es un mensaje a grupos criminales y a los países vecinos: el Perú no piensa ceder terreno. La presencia física del Gobierno en Santa Rosa busca reforzar el sentido de soberanía en un punto que, aunque remoto, tiene un valor estratégico enorme.
La voz de la población
Durante su discurso, Boluarte aseguró: “Cada familia de Santa Rosa de Loreto contará con los servicios necesarios para desarrollar su vida con dignidad, seguridad y oportunidades”. Los pobladores recibieron el anuncio con expectativa, pero también con cautela.
En conversaciones con vecinos, la sensación es compartida: las promesas ya se han escuchado antes y lo que esperan ahora es que el plan se ejecute sin retrasos. Para muchos, la inversión no solo debe mejorar las condiciones de vida, sino también frenar la migración hacia Leticia, donde los servicios y las oportunidades laborales resultan más atractivos.
¿Qué significa este anuncio para el Perú?
Más allá de las obras puntuales, la intervención en Santa Rosa de Loreto tiene un peso político y diplomático. En un momento en que la región amazónica enfrenta presiones por la deforestación, la minería ilegal y el tráfico ilícito, el anuncio de Boluarte puede interpretarse como una estrategia de control territorial.
Si el plan se ejecuta con éxito, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado peruano se relaciona con sus fronteras amazónicas. De lo contrario, quedará como un acto simbólico más en la larga lista de promesas incumplidas.
