La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el retorno de la inmunidad parlamentaria con 14 votos a favor, en una votación respaldada principalmente por Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre. La medida establece que los legisladores no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización previa del Congreso, salvo en casos de flagrancia.
El dictamen también contempla que, si un congresista es detenido en flagrancia, deberá ser puesto a disposición del Parlamento en un plazo máximo de 24 horas. Si el Congreso no se pronuncia en 30 días calendario, se aplicará el silencio administrativo positivo, permitiendo así su enjuiciamiento. Además, se autoriza el proceso por delitos cometidos antes de asumir el cargo.
Las bancadas que votaron en bloque a favor jugaron un papel clave, mientras que la abstención de otras agrupaciones —como APP, Bloque Magisterial, Avanza País y Somos Perú— evitó que la propuesta fuera archivada. El proyecto fue impulsado por Wilson Soto de Acción Popular y ahora deberá ser discutido en el Pleno.
Como se trata de una reforma constitucional, la propuesta requiere doble aprobación en el Pleno del Congreso, con al menos 87 votos en cada legislatura ordinaria. De avanzar, marcaría un giro en la normativa vigente desde 2020, cuando se eliminó esta prerrogativa como parte de una agenda anticorrupción.