Un tribunal en California ordenó que Bill Cosby pague cerca de 20 millones de dólares por un caso de abuso sexual ocurrido en 1972, reabriendo uno de los capítulos más persistentes —y oscuros— de su historial judicial. La denuncia, presentada por Donna Motsinger, se remonta a cuando ella era camarera y, según su testimonio, fue drogada y agredida tras aceptar una invitación del entonces influyente comediante.
El fallo llega más de cinco décadas después de los hechos, posible gracias a cambios en la legislación de California que permiten juzgar delitos sexuales sin límite de prescripción. La demandante, hoy de más de 80 años, describió el proceso como una larga búsqueda de justicia. El jurado consideró probado que Cosby la incapacitaría con sustancias antes de cometer el abuso.
El caso se suma a una larga lista de acusaciones contra quien fuera una de las figuras más influyentes del entretenimiento estadounidense. Más de 60 mujeres han denunciado conductas similares a lo largo de las décadas, en un patrón que terminó por derrumbar su imagen pública.
Aunque fue condenado en 2018 por otro caso de agresión sexual, Cosby recuperó su libertad en 2021 tras la anulación de la sentencia por un tecnicismo judicial. Desde entonces, ha enfrentado múltiples demandas civiles, en un escenario donde la justicia parece avanzar más por acumulación que por cierre definitivo.
El comediante, hoy de 88 años, niega las acusaciones y ha anunciado que apelará el fallo. Sin embargo, la sentencia refuerza una tendencia: la de procesos que, aunque tardíos, siguen emergiendo impulsados por cambios legales y por una mayor disposición de las víctimas a denunciar.
Más que un episodio aislado, el caso vuelve a colocar en primer plano una pregunta incómoda: cuánto tarda la justicia —y qué ocurre cuando llega demasiado tarde.