La investigación por Chibolín y el presunto lavado de activos suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos agravado que alcanza al conductor de televisión, a sus hijas Josetty y Génesis Hurtado, y a su expareja María Luisa Huaytalla, conocida como ‘Marilú Montiel’.
La investigación por Chibolín y el presunto lavado de activos avanza en la Fiscalía e incluye a sus hijas, Josetty y Génesis Hurtado, y a su expareja María Luisa Huaytalla. Las diligencias examinan movimientos financieros que superarían los US$1,1 millones entre 2017 y 2024. Según la hipótesis del Ministerio Público, parte de estas operaciones se habría canalizado mediante depósitos efectuados por personas del entorno de los investigados, una modalidad que ahora se encuentra bajo escrutinio fiscal.
Chibolín: los depósitos bajo investigación fiscal
De acuerdo con la información del caso, los montos atribuidos a los movimientos financieros bajo investigación se distribuyen de la siguiente manera: US$484 mil vinculados a Josetty Hurtado, US$290 mil a Génesis Hurtado y US$351 mil a María Luisa Huaytalla.
La hipótesis fiscal sostiene que trabajadores de confianza habrían recibido dinero en efectivo para luego depositarlo en cuentas vinculadas a los investigados o realizar operaciones en su beneficio. Dentro de las diligencias también figura el testimonio de un colaborador, quien habría señalado que remitía a Andrés Hurtado, mediante WhatsApp, las constancias de los depósitos y le comunicaba cuando las operaciones se habían completado.
Estos elementos forman parte de las líneas de investigación que el Ministerio Público deberá contrastar con documentación bancaria, testimonios y otros medios probatorios. La existencia de depósitos, por sí sola, no acredita la comisión del delito: será necesario establecer su procedencia, finalidad y eventual relación con actividades ilícitas.
Movimientos financieros y presuntos intermediarios
Las pesquisas también comprenden a ocho personas señaladas como presuntos intermediarios en las operaciones investigadas: Eduardo Romero, Carlos Pretel, Orangel Ortega, Gregorio Urbina, José Moro, Alberto Domínguez, Ténez Mesía y Rick Rabanal.
La Fiscalía busca esclarecer qué participación habría tenido cada uno en los movimientos financieros y si los depósitos respondían a operaciones legítimas o formaban parte de un mecanismo destinado a ocultar el origen del dinero. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales, sin que la inclusión de una persona en las diligencias implique por sí misma culpabilidad.
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Chibolín y su situación judicial: el pedido de prisión preventiva
La situación judicial de ‘Chibolín’ continúa siendo uno de los principales focos de atención del expediente. En paralelo a las diligencias por presunto lavado de activos, la Fiscalía solicitó ocho meses de prisión preventiva para el presentador, quien se encontraría recluido en el penal de Lurigancho.
La formalización de la investigación preparatoria permite avanzar en la recopilación y evaluación de elementos relacionados con los presuntos movimientos de dinero. Durante esta etapa, el Ministerio Público deberá sustentar sus hipótesis y reunir pruebas que permitan determinar si corresponde formular una acusación.
El caso involucra tanto al conductor como a integrantes de su entorno familiar y personal, por lo que las diligencias apuntan a reconstruir el recorrido de los fondos y establecer el papel que habría desempeñado cada investigado. Por ahora, los hechos atribuidos continúan bajo investigación y deberán ser acreditados conforme avance el proceso judicial.