El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un pronunciamiento oficial este 9 de marzo en Lima, expresando su profunda preocupación por la decisión de trasladar las actividades educativas a la modalidad virtual como respuesta a la crisis energética. La organización alertó que esta medida, adoptada tras la emergencia en el ducto de Camisea, pone en riesgo el proceso de aprendizaje y el bienestar integral de miles de niñas, niños y adolescentes en el país.
Las lecciones de la pandemia y la brecha logística
En su comunicado, UNICEF invocó a las autoridades peruanas a no ignorar las lecciones dejadas por la crisis sanitaria del COVID-19. El organismo subrayó que el país aún enfrenta serios desafíos en materia de conectividad y que una gran parte de las familias y escuelas peruanas no cuentan con la preparación logística ni pedagógica necesaria para una adaptación abrupta a la enseñanza remota. Según indicaron, la virtualidad ya ha demostrado tener efectos adversos en el logro de aprendizajes básicos y en la estabilidad emocional de los alumnos.
Escuelas como servicios críticos e irremplazables
Una de las solicitudes centrales de UNICEF es que los centros educativos sean elevados a la categoría de «servicios críticos», otorgándoles la misma prioridad que a los hospitales dentro de los planes de racionamiento energético. La organización enfatizó que la educación presencial cumple roles de socialización, protección y cuidado que no pueden ser reemplazados por una pantalla. En ese sentido, pidieron diseñar respuestas diferenciadas que consideren la diversidad de las comunidades educativas en lugar de aplicar una medida generalizada de virtualidad.
Llamado a la prevención y respuesta
Finalmente, el organismo internacional expresó su confianza en que la contingencia energética pueda superarse a la brevedad posible para no comprometer el desarrollo normal del año escolar presencial. UNICEF concluyó haciendo un llamado al Ejecutivo para colocar a la infancia en el centro de todas las acciones de prevención, asegurando que las medidas de emergencia no se traduzcan en un retroceso en los derechos educativos de los menores.