Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE
El Congreso acaba de aprobar por amplia mayoría el proyecto de Ley 12723/2025-CR, una norma que plantea medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato específicamente en las empresas de transporte público y de mercancías.
El dictamen fue apoyado con unos 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa se presenta como una respuesta legal más contundente al problema de los cobros ilegales, las amenazas y los asesinatos que se han vuelto frecuentes en el sector, ¿qué hay de su nivel de efectividad? Por lo pronto son tres cambios los importantes.
En primer lugar, la norma dispone la creación del Registro Nacional de Empresas de Transporte Vulnerables. Esta medida es valiosa porque podrá facilitar la detección de riesgos. En segundo lugar, la ley creará un grupo interinstitucional dedicado a la extorsión y el sicariato y en tercer lugar podrá supervisar flujos financieros sospechosos en el transporte.
Para tal fin se apoyará de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. Estas herramientas son parte del texto legislativo que el Estado coloca ahora al servicio del transporte formal y de la seguridad ciudadana.
POLÍTICAS PARA ROMPER EL MIEDO
Desde el punto de vista de los transportistas, la ley representa una mejora clara: hasta ahora existía una sensación de abandono, de que el marco legal no alcanzaba para protegerlos frente a mafias que operan con impunidad en rutas, terminales, empresas pequeñas o medianas de carga y pasajeros. Con esta norma el Estado admite que el transporte es un servicio esencial y estratégico, cuya paralización o control por redes de extorsión afecta no solo al sector sino a la economía, a la movilidad y al derecho al trabajo.
Y sin duda, merecía una respuesta, pues los hechos eran cada vez más alarmantes. En el dictamen se mencionan decenas de conductores asesinados o víctimas de sicariato, rutas intervenidas por mafias, pagos de “cupos” que se habían convertido en un costo fijo para operar, flotas que se detienen por amenazas, y empresas que pierden competitividad o cierran. Ante esa realidad, la ley parece necesaria, o cuando menos, resulta un paso hacia adelante.
La ley fue presentada por José Jerí Oré, actual presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República. Pero yendo al análisis de esta norma, conviene también examinar con atención lo que mejora, lo que sigue pendiente, y cómo podría afectar al sector logístico en su conjunto.
Primero, lo que mejora. La ley fortalece la capacidad estatal para actuar. Entonces abre la posibilidad de tarifas más estables y de rutas operadas con menor temor. Para el sector de carga, que muchas veces sufre retrasos, robos o interrupciones por amenazas, la norma ofrece mayor protección. Al reducir el riesgo de que una empresa tenga que pagar “por seguridad” o por silencio, se mejora la calidad del servicio logístico y se reduce un factor de costo invisible que no siempre aparece en los balances.
Segundo, la visibilidad que la ley da al problema. Antes el transporte era tratado como algo secundario en materia de seguridad ciudadana; ahora se le reconoce como un objetivo central de política pública. Exonerada de segunda votación, la ley puede empezar a cambiar la forma de ver el sector, no como un simple medio de movilidad, sino como parte de la infraestructura económica del país.
Y tercero, la creación de canales de denuncia protegidos, de supervisión financiera, de extinción de dominio. Estas herramientas bien implementadas pueden golpear la estructura económica de las mafias que dependen de cobrar por permitir que el transporte opere. Es decir, si no hay ganancias en el negocio ilegal, el delinquir pierde sentido.
DIFÍCIL IMPLEMENTACIÓN
Aprobar una ley siempre es solo el primer paso. Lo importante será su reglamentación y puesta en marcha. ¿Será sencillo? Claro que no. Para empezar, tendrá que lidiar con la informalidad.
Numerosas empresas de transporte, muchas rutas, miles de unidades no están plenamente formalizadas. Por eso las mafias se aprovechan de ese universo, porque es más difícil controlarlo, porque conecta con conductores y propietarios que no tienen respaldo legal fuerte o recursos para defenderse. Si la ley se concentra principalmente en empresas grandes o formales, la parte informal seguirá expuesta, y ahí el efecto será limitado.
Otro problema muy serio es el de los recursos. Crear un grupo especial interinstitucional, supervisar cuentas bancarias, intervenir rutas y proteger víctimas cuesta dinero: personal, tecnología, capacitación, agencias que funcionen.
También es vital que se haga hincapié en que el transporte no es solo pasajeros: el transporte de carga, de paquetería, de distribución urbana y de materias primas también sufre extorsiones y amenazas. Así, cuando una empresa de carga es golpeada por una demanda de cupo, cuando una ruta de abastecimiento se paraliza porque hay amenazas, la cadena de suministro entera se altera: se retrasan envíos, se encarecen costos, se pierde competitividad.
Es importante también visibilizar que habrá daños colaterales en el sector logístico, por ejemplo, ciertas empresas podrían verse afectadas por cierres o intervenciones temporales de rutas consideradas vulnerables. Si esto no se acompaña de incentivos y comunicación, va a generar un efecto adverso.
Finalmente, en el dictamen aprobado hace falta que se vincule la ley con políticas complementarias: mejor infraestructura de rutas, digitalización de flotas, sistemas de monitoreo, incentivos para que las empresas adopten tecnología de seguimiento y seguridad, capacitación de los conductores.
La ley, efectivamente, creó el marco, pero la operación dependerá del día a día. Para ello será clave medir cuántos transportistas están inscritos en el registro, cuántas rutas fueron intervenidas, cuántos delitos de extorsión fueron denunciados, cuántos activos fueron incautados y cuántos transportistas han recibido activo apoyo. La extorsión no solo se erradica con leyes, sino con inteligencia, tecnología y acción.