El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido la breve recuperación económica venezolana y reactivado el riesgo de hiperinflación. El bolívar se devalúa rápidamente, los precios vuelven a subir y los apagones se agravan. Según el FMI, la economía caerá 3 % en 2026 y la inflación podría alcanzar 600 % este año. Washington ha clasificado al régimen venezolano como un “cartel de drogas” y restringido las operaciones de Chevron, que hasta marzo inyectaba cerca de un tercio de las divisas que circulaban en el país. El nuevo esquema obliga a entregar petróleo físico a PDVSA, que canaliza parte de los ingresos a China y al sistema interno de criptomonedas, donde el gobierno paga con stablecoins a contratistas y empleados. El impacto regional es inmediato. La inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro, su esposa, su hijo y su ministro Armando Benedetti en la lista Clinton ha tensado como pocas veces las relaciones entre Bogotá y Washington. El Departamento del Tesoro los investiga por presuntos vínculos con el financiamiento irregular de campañas, lo que Petro ha calificado de “represalia política”. La presión simultánea sobre Venezuela y Colombia refuerza la percepción de una estrategia hemisférica de control. En paralelo, Estados Unidos mantiene un despliegue naval equivalente al 20 % de su capacidad marítima de guerra frente a las costas venezolanas, mientras Lula da Silva ha ofrecido mediar para evitar una escalada. Entre sanciones, criptomonedas y maniobras militares, la región vuelve a moverse al ritmo de Washington.
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