Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE
Una nueva guerra por el control de los proyectos. A eso se podría resumir el reciente debate sobre la nueva ley de Asociaciones Público-Privadas (APP). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión vienen discutiendo sobre cuál de los dos tendrá la sartén por el mango en las decisiones sobre las megaobras de los próximos años.
El pasado 16 de abril, el Congreso de la República aprobó una nueva ley que reformula el régimen de las APP en Perú. La norma fue respaldada por amplia mayoría –85 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones– y exonerada de segunda votación. Sin embargo, el Ejecutivo la observó el 30 de mayo, argumentando vicios en su aprobación y posibles riesgos contractuales, en una decisión que evidencia el giro institucional del MEF con el reemplazo de José Salardi por Raúl Pérez Reyes. El exministro apoyaba una reforma a la colombiana, con un Proinversión fortalecido. El Congreso aún puede insistir en su promulgación.
La propuesta busca fomentar la inversión privada mediante APP y optimizar los tiempos de estructuración y ejecución de proyectos, fortaleciendo el rol de ProInversión como ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).
La norma posiciona a ProInversión como la autoridad única dentro del SNPIP, con capacidad para definir directrices, criterios técnicos, fiscales y de competencia. Se busca un sistema más coherente con estándares internacionales, reemplazando una arquitectura institucional dispersa que obstaculizaba la coordinación.
Entre las funciones asignadas a ProInversión están la gestión de expropiaciones, liberación de predios, elaboración de informes técnicos contractuales, asistencia técnica durante la ejecución de proyectos y la propuesta de modificaciones técnicas. También podrá fomentar soluciones modulares con ajustes técnicos adaptados.
IMPACTO EN MEGAOBRAS LOGÍSTICAS
Actualmente, el país enfrenta costos logísticos elevados –del 20 % al 50 % del valor del producto– en cadenas exportadoras como la cebolla, la quinua o la uva, debido a infraestructura deficiente y trámites engorrosos. ¿La reforma de las APP puede incidir positivamente? Sí, en varios frentes.
Primero, porque impulsa la integración de infraestructura y corredores multimodales. La norma promueve proyectos que conectan modos terrestres, marítimos y ferroviarios, integrando puertos como Callao y Chancay a corredores regionales. Estos proyectos modulares tendrían mayor viabilidad estructural, permitiendo soluciones conjuntas que optimizarían costos y tiempos.
Además, se centralizaría la coordinación con entidades como SENACE, SUNAFIL, SENASA, Aduanas y municipios. Al reducir solapamientos y acortar plazos (como el del Informe Técnico Sustentatorio a 15 días), se facilitaría el inicio de obras, reduciendo el costo logístico. Aunque este punto también ha generado controversias.
Asimismo, se ofrecería mayor claridad jurídica a los inversionistas. Al reforzar principios de competencia, transparencia y previsibilidad, y limitar la discrecionalidad, se atraerían actores privados con menor exposición a arbitrajes. Incluso se evalúan medidas para vetar a quienes demanden al Estado de futuros contratos.
Según estimaciones oficiales, esta reforma podría destrabar proyectos, acelerar estudios y activar hasta S/ 20 000 millones en inversión pública y privada, lo que sumaría hasta dos puntos al crecimiento anual. La reducción de tiempos de estructuración y tramitología elevaría la rentabilidad de los proyectos para el sector privado.
LOS RIESGOS DE LA HEGEMONÍA
Aunque el nuevo marco legal introduce mejoras en la promoción de APP, también concentra funciones estratégicas inusuales en una sola entidad: ProInversión. El rediseño, orientado a agilizar procesos, plantea riesgos institucionales relevantes.
ProInversión ya no solo actuaría como promotor o estructurador técnico, sino que también podría asumir funciones de expropiación, licencias ambientales, adjudicación y coordinación política intergubernamental. Este modelo de “agencia única” puede generar distorsiones si no se aplica con equilibrio y control.
Una de las consecuencias más visibles sería el debilitamiento del rol de gobiernos regionales y locales. Aunque muchos carecen de equipos técnicos sólidos, son los que mejor conocen las necesidades territoriales. Reducir su papel puede llevar a proyectos desconectados de las realidades locales.
Además, la concentración dificulta la rendición de cuentas. Si una sola entidad diseña, estructura, ejecuta y adjudica, será más difícil deslindar responsabilidades ante controversias o actos ilícitos.
El Ejecutivo ha señalado con razón que no todo puede recaer en una sola institución. La idea de un “superoperador” no resuelve por sí sola los cuellos de botella de los proyectos. Se necesita una implementación técnica rigurosa, con controles fiscales efectivos y participación territorial real. Apostarlo todo a una sola entidad puede terminar debilitando el mismo modelo que se busca consolidar.
