Necesidad Flagrante

El asesinato de una familia de tres ciudadanos extranjeros a manos del suboficial de la Policía
Nacional, Salomón Quispe Mamani conmocionó al país. El Juzgado de Investigación
Preparatoria de Pueblo Nuevo (Ica), le impuso 18 meses de prisión preventiva. Con un proceso
sumario, sería sentenciado en un plazo de tres meses, pese a que fue detenido en flagrancia.
En un proceso regular, la sentencia podría demorar más de un año; y si hubiera sido procesado
en una Unidad de Flagrancia (UF), la sanción se habría dado en un plazo máximo de 72 horas.
El problema es que la región Ica aún no cuenta con una UF; esta empezaría a funcionar en
octubre de este año.
Estas unidades albergan en un solo lugar, al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP), a la
Policía y a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia. O al menos, así debería ser porque en
la práctica, la mayoría de estas no cuentan con la presencia permanente de fiscales.
Desde el 2022, año en el que se implementó la primera UF en La Libertad, hasta inicios de
junio de este año, se han procesado 5361 casos en las 11 unidades que existen a nivel
nacional. De esa cantidad, se emitieron 4620 sentencias, es decir, se resolvió el 86,18 % de los
casos.
Lo llamativo, sin embargo, es que los más de 5000 casos corresponden a un universo de 64 165
detenidos por la Policía Nacional; es decir, solo el 8,36 % de los detenidos ingresan a las UF. No
necesariamente toda detención en flagrancia llega a la unidad.
El presidente de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima Sur, el juez Marco Antonio Angulo
Morales, explicó a CARETAS que, en muchos casos, el MP aplica el principio de oportunidad, en
el que se produce una suerte de conciliación en el que los casos se resuelven sin llegar a la UF.
“En la mayoría de casos los procesos concluyen con una salida alternativa. Los abogados
prefieren una terminación anticipada donde se acuerdan las penas y la reparación civil”,
señaló.
En julio del 2024, la UF de Lima Sur ingresó 30 casos –con un total de 14 sentenciados– de un
total de 698 detenidos. Los delitos que se ven con mayor frecuencia en esta unidad son el
hurto, la violencia contra la mujer y la conducción en estado de ebriedad, pero también han
llegado casos de homicidios culposos, tocamientos indebidos y hasta proposiciones a menores
de edad.
A diferencia de otras UF, la de Lima Sur tiene personal fiscal permanente y dedicado a los casos
de flagrancia, lo que permite que los casos se resuelvan en un promedio de 38 horas. Lo que
debería ser la regla, es una excepción que se dio gracias a la coordinación con la Junta de
Fiscales de esta parte de la capital.
“Debería existir un pool de fiscales con una permanencia de 24/7, porque de lo contrario
desnaturalizamos un poco el fin de la UF y el trámite del proceso inmediato (…) es un tema de
voluntad”, sostuvo el magistrado.