Por: ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE
Justificándose por la permanencia en el poder de Maduro y el fracaso de todas las negociaciones pasadas para la salida del poder del régimen, y en un año de polarizante y encendido debate electoral, en los Estados Unidos algunas entidades académicas y “think tanks” vinculados a la derecha más conservadora y sectores halcones del “establishment” de seguridad, vienen deslizando y difundiendo entusiastamente la posibilidad de replicar experiencias hemisféricas de intervención militar directa en Venezuela. Ricorsi de guerra fría y reminiscencia de las operaciones unilaterales “Furia Urgente” (Grenada 1983) y “Causa Justa” (Panamá 1989) vienen siendo argumental y académicamente resucitadas para elaborar algunas hipótesis y forzar posibles cursos de acción, en el ámbito de un entrampamiento de la diplomacia multilateral y de las medidas de presión para forzar un desenlace que suponga la salida del régimen de Caracas. Si bien desde el Comando Sur (SOUTHCOM), estrenando una poco común diplomacia militar por la región, la general Laura Richardson, lo niega en el marco de su promovida cumbre de mandatarios en Panamá, y el flamante “grupo de los 17” (que votaron a favor en el Consejo Permanente de la OEA) para el abordaje del caso de Venezuela, el hecho que se deslicen polémicas tesis intervencionistas confirma la gravedad y punto extremo que merodea la coyuntura. La proliferación de compañías contratistas militares privadas norteamericanas, tentáculos tercerizados del propio aparato público de seguridad (CIA, Departamentos de Defensa y Estado) que “ofrecen” actualmente sus servicios desestabilizadores para generar un cambio de gobierno en el país caribeño contribuye a estimular las opciones de fuerza, junto al lobby del complejo industrial militar, pues hace algunos años atrás, en mayo de 2020, hubo intentos, ciertamente nada eficientes, de magnicidio contra Maduro como la frustrada operación “Gedeón” (mayo 2020) encabezada por un oficial militar, boina verde, de Estados Unidos en retiro con su empresa privada de seguridad (Silvercop) durante el gobierno republicano de Donald Trump. Un alto empresario privado militar, fundador de Blackwater ya deslizó hace muy poco que la solución “está al alcance de los ejércitos privados”. Por el otro lado la prensa hemisférica acuña coloquialmente los términos de “cubazuela o “venecuba”, por la fuerte influencia y control ejercidos desde La Habana por sus FAR y DI-MININT (militares e inteligencia) que se consolidó con la llegada de Hugo Chávez, así, será un factor clave, en una muy complicada negociación, considerar a los militares (de la FANB), incluido su “Cártel de los Soles”, como un factor fundamental de la trama. Hay razones para sostener que podría asomarse aquella vieja máxima de seguridad que manifiesta que donde termina y se agota la diplomacia comienza el poder de las armas.