Petroperú no se privatiza y abastecimiento está garantizado

Gobierno asegura que los activos estratégicos de la empresa estatal permanecerán bajo propiedad del Estado y que la cadena de combustibles seguirá operando normalmente a nivel nacional.

por Edgar Mandujano

Estado mantiene control de activos estratégicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reafirmaron que Petroperú no será privatizada. Los activos estratégicos de la petrolera permanecerán protegidos mediante fideicomisos, asegurando la titularidad estatal y descartando cualquier transferencia a manos privadas. Aunque se contempla la participación de operadores privados, esta se limitará a asumir riesgos e inversiones sin afectar la propiedad pública ni el control de la empresa.

Desistimiento del procedimiento concursal

Como resultado del Decreto de Urgencia N° 010-2025, la proveedora de Petroperú, Unna Energía S.A., desistió de manera irrevocable continuar con el procedimiento concursal iniciado el 12 de diciembre de 2025 ante el Indecopi, reflejando confianza en las medidas adoptadas por el Gobierno y en la perspectiva de recuperación de la empresa estatal.

Reunión con sindicatos y congresistas

Representantes del Gobierno —incluyendo a la ministra Denisse Miralles y al ministro Luis Bravo— sostuvieron encuentros con los 12 sindicatos de Petroperú y congresistas para explicar la situación de la empresa, los hitos del proceso de reorganización y la hoja de ruta prevista. Se informó que se negociará con bonistas y entidades financieras, se suscribirán fideicomisos para proteger los activos estatales y se abrirá un proceso transparente de participación privada en abril y junio, sin comprometer la titularidad del Estado.

Crisis financiera y plan de recuperación

Petroperú enfrenta deudas superiores a USD 5000 millones y pérdidas estructurales desde 2022, agravadas por limitaciones operativas en la Nueva Refinería Talara y gastos excesivos en beneficios al personal. El Gobierno busca con esta reorganización poner fin a la mala administración y garantizar la continuidad operativa, la autosostenibilidad financiera y el abastecimiento de combustibles a todo el país, reafirmando la protección del patrimonio público y la sostenibilidad fiscal.


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