IPE: Fracaso de políticas de formalización es aprovechado por el accionar criminal de minería ilegal en la región

por Edgar Mandujano
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En el marco del segundo día del SIMPOSIO – XV Encuentro Internacional de Minería, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, presentó los resultados de un nuevo estudio denominado “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”, elaborado a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante la sesión, el economista reveló que, hacia el 2023, el volumen de exportación de oro ilegal en el Perú se ha multiplicado hasta 7 veces comparado con el 2005, alcanzando las 77 toneladas de oro ilegal exportado al cierre del año pasado, valorizadas en US$4,833 millones. De acuerdo con el IPE, hay una tendencia a que las exportaciones ilícitas continúen este ritmo de crecimiento, por el alto precio que mantiene ese metal precioso y ante la falta de un abordaje desde el sector público en este tema.

Otro de los hallazgos importantes del estudio es que nuestro país es el que más oro ilegal ha exportado en el 2023 en Sudamérica, alcanzando el 45% de participación. Dicho porcentaje, incluso, es mucho mayor en la participación que muestran países vecinos como Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Este estudio -anotó Gallardo- se presenta en un contexto, en el cual la minería ilegal e informal se ha expandido durante los últimos años en diversos países de América del Sur, agravando sus efectos nocivos sobre la economía, el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. La minería ilegal -subrayó- también trae consigo altos índices de crimen organizado trasnacional y delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión.

“La minería de oro artesanal, mayormente informal o ilegal, ha sido responsable del 40% de las emisiones globales de mercurio. Incluso, en los últimos 5 años, ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, equivalente a 170 mil canchas de fútbol. Es una actividad que no solo genera enormes perjuicios para la sociedad, sino también para nuestro ambiente”, enfatizó.

En ese sentido, el representante del IPE afirmó que las políticas de formalización minera no han funcionado en Latinoamérica por la ausencia de una política integral y articulada, de lo que se han aprovechado las organizaciones criminales y grupos armados vinculados a la minería ilegal.

Al respecto, comentó que, si bien se implementaron políticas punitivas para hacer frente a la minería ilegal, lamentablemente han resultado insuficientes; y a ello, se suma la carencia de mecanismos claros de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro del oro.

Ante esta problemática, sostuvo que es importante desarrollar una estrategia integral que aborde la participación de las autoridades de distintas entidades, el sector privado y la sociedad civil para hacer frente a este flagelo.

Entre las propuestas elaboradas por el IPE, explicó que, se encuentran la implementación de acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas, con énfasis en un mayor trabajo de inteligencia, así como de políticas de formalización con plazos estrictos, fiscalización y acompañamiento efectivos, sin excepciones a la regla.

También -dijo- se requiere de una política de trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de suministro del oro, fomentar alternativas de desarrollo económico y de la articulación y coordinación interinstitucional a partir de indicadores estratégicos que trasciendan a una sola entidad; y finalmente, impulsar una mayor cooperación transfronteriza.

Perspectiva de la región

Posterior a la presentación del IPE, el Presidente Ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, sostuvo que la minería ilegal se trata de un fenómeno multidimensional en el que es necesario que las empresas mineras formales, entidades y gobiernos puedan cruzar información y experiencias para sumar esfuerzos y contribuir a su erradicación en la región. Para dicho fin, sugirió la creación de una red latinoamericana de control a la explotación ilícita de minerales.

Por su parte, el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal en Perú, Rodolfo García, indicó que el Estado debe propiciar acciones que impulsen la formalización minera en el país. Por ejemplo, el acceso a tecnologías que permitan reducir significativamente la contaminación de la minería ilegal, cambios en el marco legal (replanteó del rol de las Direcciones Regionales de Energía y Minas), entre otros.

A su turno, Hillary Amster, Directora de Operaciones de The Copper Mark, señaló que es importante contar con la colaboración de las compañías mineras para llevar adelante el proceso de formalización. Ello, de acuerdo con la especialista, permitirá que las empresas mineras artesanales y de pequeña escala puedan acceder a capacitaciones en temas de seguridad y salud profesional, derechos humanos, temas medioambientales y proceso de formalización.

Finalmente, el economista boliviano Mauricio Medinaceli mencionó que la minería ilegal solamente genera perjuicios a nivel económico y social, por lo que recordó la importancia de trabajar a nivel gubernamental para abordar esta problemática.

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